La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa al presidente de Coalición por Melilla (CpM) y expresidente de la Ciudad Autónoma, Mustafa Aberchán, en el vértice de la presunta organización criminal investigada en el caso Santiago-Rusadir. Así lo recoge el atestado-informe 15025/26, fechado el 14 de septiembre de 2026 y remitido a la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Melilla, el antiguo Juzgado de Instrucción número 2, que lo ha incorporado al sumario a petición de la juez instructora.
El documento, de 137 páginas y firmado por seis investigadores, resume más de tres años de investigación policial, iniciada el 24 de abril de 2023 con el atestado 5201/23, que ya señalaba a Aberchán como líder de la presunta trama.
Persigue tres objetivos: reunir los indicios de una organización criminal “estable, definida, duradera y amplia”, analizar globalmente las diligencias practicadas desde 2023 y atribuir, en términos de presunción, indicios de criminalidad a cada investigado.
La tesis central se resume en tres conclusiones: que el fraude electoral “fue una realidad” en las autonómicas y municipales del 26 de mayo de 2019 y del 28 de mayo de 2023 y en las generales del 10 de noviembre de 2019; que ese presunto fraude masivo se orquestó a favor de CpM; y que se financió con recursos públicos de la Ciudad.
Según la UDEF, el fraude electoral no era un fin, sino un medio para que la organización pudiera controlar esos recursos públicos. En los comicios de mayo de 2023, de unas 11.474 solicitudes de voto por correo, cerca del 49%, unas 5.893, no llegaron a Correos después de que la Junta Electoral obligara a identificarse al titular del voto.
El atestado reordena además la jerarquía. Los escalones de la A a la D dibujados por la UDYCO en 2023 dan paso a cuatro niveles: el vértice, el aparato de financiación, el aparato empresarial y el aparato de compra de voto.
Desaparece el escalón D, formado por jóvenes que compraban votos a cambio de dinero, porque los investigadores consideran que no formaban parte estable de la estructura. El escalón A, por su parte, se divide en dos: el vértice y los responsables de contratación.
En lo más alto sitúa la UDEF a Aberchán, al que describe como líder “autocrático” y “omnipresente”, con contacto directo con los otros tres niveles. Según el informe, decidiría quién merecía un contrato público o un trabajo y reclutaría a compradores de votos.
Inicialmente se le atribuyeron pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y fraude en la contratación, y ahora se aprecian nuevos indicios de delito electoral, financiación ilegal de partido político, revelación de secretos, fraude en la subvención y fraude y exacción ilegal.
La revelación de secretos se vincula a un “bot” de Telegram que cruzaba los datos del censo electoral y del padrón municipal para controlar el voto; el fraude en la subvención, a la convocatoria de fomento del empleo joven de 2021; y la exacción ilegal, a la adjudicación de una vivienda pública en la calle Cicerón y a pagos periódicos en efectivo de 1.500 euros a un presunto comprador de votos.
El aparato de financiación lo forman los responsables de las consejerías que habrían adjudicado 371 contratos menores y la subvención de empleo joven a empresarios afines, a cambio de una comisión en efectivo supuestamente fijada en el 10%.
En este nivel figuran los exconsejeros Rachid Bussian (Infraestructuras, Urbanismo y Deportes), Hassan Mohatar (Medio Ambiente y Sostenibilidad), Mohamed Ahmed Al Lal (Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, que hasta agosto de 2021 incluía Familia y Menor), Dunia Almansouri (Hacienda, Empleo y Comercio) y María Cecilia González (Menor y Familia), junto a las exviceconsejeras Yonaida Sel Lam (Vivienda, y antes Incidencias y Línea Verde) y Fátima Mohamed Kaddur (Mayor).
A todos se les atribuyeron pertenencia a organización criminal, fraude en la contratación, prevaricación y malversación, y el informe suma ahora delito electoral y financiación ilegal de partido político. Ahmed Al Lal, Mohatar y Almansouri afrontarían además un presunto delito de revelación de secretos; Ahmed Al Lal, también fraude en la subvención; y Bussian y Sel Lam, fraude y exacción ilegal.
El informe considera “muy menor” la participación de Sel Lam, Mohamed Kaddur y González, y apunta que González podría tener una responsabilidad atenuada porque Aberchán la habría obligado a firmar algunas resoluciones de contratos de obra iniciados por Ahmed Al Lal. La contratación de este último es, en cambio, la que el informe considera “particularmente voluminosa y repleta de irregularidades”.
Aberchán, que fue detenido en marzo de 2024 y pasó más de dos meses en prisión provisional, se negó a declarar ante la juez el pasado 23 de octubre, aunque pidió permiso para manifestar que no se le garantizaban la igualdad ni la presunción de inocencia, “dos pilares fundamentales” que “no sólo hay que garantizar, sino parecer que se está garantizando”.
“Quiero decir esto porque he hecho un ejercicio muy fuerte en paciencia, en contenerme, en creencia al Estado de derecho y en respeto a su señoría”, añadió.
El líder de CpM recordó que tiene 67 años, que lleva 40 trabajando en España como médico cirujano y 25 dedicado a la política, la mayoría en la oposición, aunque también ostentó la presidencia de la Ciudad, y que siempre ha vivido “en la fuerza del Estado de derecho, desde el primer escalón hasta el último”. Su partido sostiene que no se les ha notificado este atestado-resumen y defiende la inocencia de los investigados.
