Melilla vivirá mañana miércoles, 11 de noviembre, la primera huelga general en los últimos 14 años. Convocada por los sindicatos mayoritarios y promovida por las organizaciones del movimiento por el derecho a la vivienda, estos paros cuentan con el apoyo del Gobierno central.
Las organizaciones convocantes reclaman reclaman medidas para "frenar el encarecimiento de los alquileres, ampliar el parque público y facilitar el acceso a una vivienda digna". Los convocantes denuncian que el coste de la vivienda absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos familiares y reclaman que tener un empleo no sea incompatible con poder pagar un techo.
Sindicatos
Desde CSIF Melilla han anunciado que no secundarán la huelga general al considerar que, a pocas semanas de las elecciones del 29 de noviembre, la movilización adquiere connotaciones políticas incompatibles con su independencia sindical. La organización asegura que mantendrá su propia agenda reivindicativa, centrada en el cumplimiento de los acuerdos salariales, la recuperación de derechos y la actualización de dietas e indemnizaciones.
Aunque se desmarca del paro, CSIF comparte la preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda y reclama un Pacto de Estado. En Melilla, advierte de que el coste de residir en la ciudad dificulta la llegada y permanencia de profesionales de los servicios públicos, por lo que exige actualizar y reforzar la indemnización por residencia.
La Unión Sindical Obrera (USO), por su parte, también se ha desmarcado de la huelga general al considerar que, con el Gobierno en funciones y las Cortes disueltas, la protesta carece de un destinatario claro y podría interpretarse como un acto de campaña electoral. Aunque comparte la preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda, rechaza participar en una movilización que considera que mezcla distintas reivindicaciones y puede comprometer su independencia sindical.
La organización defiende que la crisis de vivienda debe abordarse junto a la mejora de los salarios y la estabilidad laboral. Entre sus propuestas figuran una jornada de 35 horas semanales, subidas salariales vinculadas al IPC, una reforma del despido y una política estatal de vivienda.
Desde el ámbito educativo local, Sate-Stes anunció que se suma a la huelga y anima al profesorado melillense a secundar los paros. Esta organización, sindicato mayoritario en la educación en nuestra ciudad, denuncia el deterioro de las condiciones laborales, la pérdida de poder adquisitivo, las elevadas ratios, la sobrecarga burocrática y la falta de profesionales para atender la diversidad.
Entre sus principales reivindicaciones figuran destinar al menos el 5 % del PIB a educación, recuperar el poder adquisitivo y las pagas extraordinarias íntegras, reducir las ratios, aumentar las plantillas, mejorar la estabilidad laboral y garantizar una jubilación digna a los 60 años.
En el caso del sindicato Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), ha anunciado que no convoca ni secunda esta huelga, alegando que su acción sindical se circunscribe estrictamente al ámbito profesional y educativo.
"Como organización sectorial e independiente, intervenimos y movilizamos cuando están en juego las condiciones laborales del profesorado, la mejora de la enseñanza pública y los derechos profesionales de nuestros compañeros y compañeras".
Si bien ANPE reconoce que la vivienda es un problema social de gran relevancia, alega que este queda fuera del ámbito específico de su actuación.
"Por coherencia con nuestra naturaleza y con la responsabilidad que asumimos ante el profesorado, no participamos ni convocamos movilizaciones ajenas a nuestro ámbito profesional".
Servicios mínimos
El Gobierno de la Ciudad ha aprobado los servicios mínimos que se aplicarán mañana miércoles durante la huelga general. El dispositivo, vigente durante las 24 horas, afecta a 15 áreas de la Administración local y garantiza la cobertura de servicios esenciales como el 112, los bomberos, Protección Civil, centros educativos, Servicios Sociales y mercados.
Entre las principales dotaciones figuran cuatro operadores en el 112, un mando y diez bomberos en el Speis, y personal de atención en colegios, escuelas infantiles y centros sociales. El acuerdo también incluye a los empleados de Hacienda, las OIAC, Informática y Obras Públicas.
Los responsables de cada área deberán comunicar las designaciones y controlar la asistencia para registrar quién secunda el paro y aplicar, en su caso, el descuento salarial correspondiente.
La huelga general para el miércoles 11 de noviembre ya conoce los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes para el transporte aéreo.
Los servicios mínimos para los vuelos nacionales con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y en las rutas peninsulares con obligación de servicio público serán de entre el 52 % y el 85 %.
Para los vuelos entre España y el extranjero y las rutas peninsulares cuya alternativa en transporte público supera las cinco horas los servicios mínimos oscilan entre el 39 % y el 64 %. Para las rutas cuya alternativa no supera las cinco horas, los servicios mínimos son de entre el 18 % y el 37 %.
Atendiendo a los factores de ocupación previstos se podrían ver afectados más de 663.000 pasajeros.
Los servicios mínimos de Correos serán del 50 % en los servicios de distribución y especiales -para la entrega de documentación electoral-, a los que se añade una persona responsable, y del 100 % en los servicios rurales con atención al público relacionada con las elecciones generales.
Además, tendrá que estar activo al menos un empleado de cada oficina de hasta cuatro trabajadores, dos para las oficinas de entre 5 y 8 trabajadores y 3 en las de más de 8 trabajadores, uno de ellos el director o responsable.
Los servicios mínimos obligan a mantener abiertas el 20 % de las estaciones de servicio de cada comarca y el 20 % de los puntos de suministro de combustible a embarcaciones de cada región, al tiempo que debe garantizarse el suministro urgente a hospitales, bomberos, ambulancias, fuerzas de seguridad y centros estratégicos, así como a los servicios mínimos del transporte aéreo y de los puertos.
Las refinerías de Repsol, Petronor, Moeve y BP deberán mantener a mínima carga operativa las unidades críticas cuya paralización pudiera afectar a la producción más allá de la jornada de huelga.
Asimismo, deberán permanecer disponibles las redes de transporte y distribución de gas natural, las plantas de regasificación, las estaciones de compresión, las conexiones internacionales y los almacenamientos subterráneos, con equipos para atender averías y evitar interrupciones del suministro.
Los servicios de seguridad privada tendrán que garantizar unos servicios mínimos del 80 % en centrales nucleares, refinerías, fábricas de armas de fuego o suministro de agua, actividades de custodia de dinero u objetos valiosos, medios de comunicación, centrales de alarma o bancos, y del 90 % para los de transportes públicos.
