Conesa señala que el Gobierno autonómico ha detectado algunas anomalías en la situación en la que se encuentra la empresa. Aunque la obra “no está paralizada” augura que se podría producir algún retraso en su construcción.
Cuatro meses después de comenzar la construcción del nuevo Centro Tecnológico, el Gobierno de Melilla se ha topado con un escollo con el que no contaba cuando se inició el proyecto. En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, su portavoz, Daniel Conesa, señaló que en los últimos días se ha detectado que la empresa encargada de la obra, Argar S.A., tiene “algún tipo de problema”.
Aunque no especificó de qué se trataba, hizo referencia a que la situación de crisis que atraviesa el país hace que este tipo de problemas sean “imprevisibles”.
Conesa aseguró que las obras no se han paralizado, aunque sí han bajado su ritmo de desarrollo de manera considerable, por lo que podría producirse algún retraso en su puesta marcha.
“Estamos intentando determinar lo que ocurre con la mayor precisión posible”, aseveró el portavoz gubernamental, quien apuntó que el Ejecutivo autonómico “desconoce si la adjudicataria del proyecto cumplirá los plazos de entrega establecidos en el contrato”. Hay que recordar que Argar se hizo cargo de la obra por 1,2 millones de euros y un tiempo de ejecución de año y medio, por lo que el Centro Tecnológico debería estar listo en septiembre del próximo año.
“La crisis está provocando problemas muy importantes en empresas de todo tipo. Atravesamos una situación en la que este tipo de obstáculos no se pueden prever”, agregó el portavoz. Asimismo, defendió que cuando el Ejecutivo autonómico realizó la adjudicación de esta obra a Argar, la constructora cumplía con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, por lo que no se calculó en ningún momento que fuera a surgir algún problema.
Por otro lado, señaló que si la empresa no cumple los plazos acordados con el Gobierno melillense se impondrá la correspondiente sanción económica.
En cuanto a los restos arqueológicos encontrados en la zona recientemente, señaló que el Ejecutivo local está a la espera de evaluar su interés cultural y patrimonial, al tiempo que señaló que las obras del centro no se han ralentizado por este motivo.
Así pues, a Melilla sólo le queda espera que la situación que atraviesa la adjudicataria de este proyecto no conlleve ninguna demora en su construcción, aunque Conesa auguró que así será. “Estamos meditando tomar alguna medida al respecto. Nuestra intención es que esta iniciativa no se vea afectada por la situación de la empresa”, concluyó.
Melilla exige que el García Pezzi esté “acabado al 100%”.
Al hilo de sus declaraciones sobre la posible demora en las obras del Centro Tecnológico, Conesa recordó que se han dado otros casos recientes que han conllevado algún tipo de sanción económica para la empresa.
El último caso es el de Cabbsa con el Pabellón Polideportivo García, cuya apertura acumula un retraso detrás de otro. Según el pliego de condiciones, las instalaciones deportivas deberían haberse abierto hace un año.
El portavoz señaló que, al igual que ha ocurrido con la adjudicataria del Centro Tecnológico, al Ejecutivo melillense le fue imposible prever que la empresa encargada del García Pezzi comenzaría a atravesar problemas económicos cuando se encontraba realizando este proyecto. “Son situaciones imposibles de anticipar”, aseveró.
En cuanto a cuándo se abrirá finalmente el polideportivo, Conesa señaló que se exigirá a la empresa “que todo esté listo, hasta el más mínimo detalle”. No es la primera vez que el Gobierno local expresa su descontento con el trabajo realizado por Cabbsa. Hace un mes, su vicepresidente, Miguel Marín, calificó como “muy mala” la labor que habían realizado y señaló que el retraso que habían acumulado les supondría una sanción de “muchos miles de euros”.
No es el único caso que recordó el portavoz gubernamental. También se produjo una demora en la construcción de la segunda fase de la Granja Agrícola, que debería haber estado acabada a finales del 2009 y se inauguró en marzo de este año. El incumplimiento de los plazos de ejecución previstos provocó que la concesionaria, Marcor Ebor, fuera sancionada por el Gobierno autonómico.
