La Junta de Personal Docente No Universitario de Melilla se concentrará el próximo lunes, 26 de octubre, a las 11:15 horas, ante las puertas del IES Rusadir para condenar las agresiones sufridas recientemente por docentes a las puertas de un centro educativo de la ciudad y reclamar a la Dirección Provincial y al Ministerio de Educación medidas “reales y ejecutivas” que garanticen la seguridad del profesorado.
En un comunicado firmado por su presidenta, Elvira Sánchez, la Junta expresa su “más enérgica repulsa” ante estos hechos y advierte de que el colectivo no tolerará que la agresión, la intimidación o la violencia, dentro o fuera de las instalaciones escolares, se normalicen. Además, llama a toda la comunidad educativa a sumarse a la protesta.
El órgano, que representa a los cuerpos docentes dependientes del Ministerio, denuncia la falta de herramientas eficaces para prevenir y erradicar estos episodios dentro y en los aledaños de los centros, y tacha de “parciales e improvisadas” las respuestas ofrecidas hasta ahora.
“La seguridad y la integridad física, psicológica y moral de los y las docentes debe ser una prioridad absoluta e innegociable”, subraya el texto. Para la Junta, cualquier agresión a un maestro o profesor supone un ataque directo contra todo el sistema educativo.
La Junta asegura haber trasladado formalmente sus propuestas a la Dirección Provincial y al Ministerio. La primera es la creación de una Unidad de Atención al Profesorado que ofrezca asistencia inmediata, acompañamiento, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico al docente agredido.
También reclama un protocolo de actuación específico, con tolerancia cero frente a las agresiones físicas y verbales y adaptado a la realidad de Melilla. A ello suma la aplicación rápida del reconocimiento del docente como autoridad pública y la garantía de asistencia legal inmediata por parte de la Administración.
Entre las peticiones figura además que el Ministerio financie un servicio permanente de seguridad privada o vigilancia en los accesos e inmediaciones de los centros durante todo el curso, para prevenir situaciones de riesgo en las entradas y salidas de docentes y alumnado.
El colectivo pide igualmente planes de seguridad coordinados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los alrededores de los institutos, así como un registro formal de casos que evite que cualquier episodio de violencia quede “invisibilizado o impune”.
El pasado 14 de mayo, la Junta se concentró frente a la Dirección Provincial de Educación con el respaldo de Feuso, ANPE, CCOO-FE, Sate-Stes, UGT y CSIF, y pidió a la directora provincial, Elena Fernández Treviño, negociar unas medidas que debían estar implantadas el 1 de septiembre.
Ya entonces, los sindicatos reclamaron un protocolo propio para los centros, personal de seguridad en las entradas y un gabinete de atención integral al profesorado. Sánchez calificó de “insuficiente” la respuesta de la Dirección Provincial, que aplicaba el protocolo general de la Administración General del Estado en lugar de uno específico para la enseñanza.
Cinco meses después, la Junta vuelve a convocar a los docentes bajo un lema que resume su posición: la seguridad en los centros es seguridad para toda la comunidad educativa.
