Las asociaciones profesionales militares Asfaspro, AUME y UMT han hecho frente común para denunciar el agravio que, a su juicio, sufren los miembros de las Fuerzas Armadas frente a policías y guardias civiles. En un escrito conjunto difundido este jueves, 22 de octubre, exigen a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la carrera militar sea reconocida como profesión de riesgo y le piden una reunión presencial urgente para que los militares no queden, una vez más, excluidos de las mejoras en las condiciones de jubilación.
El detonante de esta reclamación son las negociaciones abiertas en el Ministerio del Interior. Según advierten las tres organizaciones, los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil están a punto de cerrar disposiciones normativas para aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación y equiparar sus pensiones.
Mientras tanto, denuncian, las demandas de los militares, planteadas desde hace más de una década en el Consejo de Personal, siguen “sin ver la luz al final del túnel” tras la reciente convocatoria de elecciones. Las asociaciones alertan del “limbo” en el que ha quedado el establecimiento de coeficientes reductores para la edad de retiro y la equiparación de pensiones.
En su escrito, Asfaspro, AUME y UMT recuerdan a Robles sus propias palabras. En reuniones anteriores sobre retribuciones, la ministra les trasladó su incomprensión por el hecho de que las Fuerzas Armadas “no cogieran el tren de la equiparación salarial” del que sí se beneficiaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“Ahora, con los coeficientes reductores y el aumento de los haberes reguladores, estamos en una situación similar”, advierten las asociaciones, que exigen que no se repita lo que consideran un agravio comparativo.
Denuncian, además, lo que califican de “paradoja”: que no se considere profesión de riesgo un oficio en el que, a diario, se manejan armas y explosivos y se desarrollan actividades de evidente riesgo y exigencia psicofísica. Entre ellas citan la permanencia en zonas de guerra, el fuego real, la desactivación de explosivos, el paracaidismo, los vuelos o la navegación.
Para Asfaspro, AUME y UMT, la cuestión va más allá de lo económico y forma parte de la “dignificación de la profesión militar”. A su juicio, el asunto ha superado el ámbito técnico del Consejo de Personal y necesita el mismo alcance institucional que se le ha dado en Interior.
“Se trata de voluntad política, lo cual requiere de una interlocución directa con la persona que encabeza el ministerio”, subrayan.
Por ello, las tres asociaciones instan a Robles a convocarlas con urgencia para garantizar que los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas no se queden al margen de la mejora de sus condiciones de jubilación.
