El líder de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, tendrá que declarar como investigado el próximo 8 de enero en la pieza del caso “Santiago-Rusadir” que indaga una presunta financiación ilegal del partido, conocida como la "pieza 5" dentro del sumario. Así lo ha acordado la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Melilla, Carmen María Perles Sánchez, en una providencia fechada el 8 de octubre y a la que ha tenido acceso El Faro, que fija cuatro jornadas de declaraciones a lo largo de enero para 26 personas y 12 sociedades.
Junto a Aberchán, la jueza ha citado a siete dirigentes de CpM que formaron parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma durante la legislatura 2019-2023. Fátima Mohamed Kaddur declarará también el 8 de enero, a las 11:30, media hora después que el líder de la formación. El 15 de enero será el turno de Rachid Bussian Mohamed, a las 12:00, y de Yonaida Sel-Lam Oulad, a las 12:30.
En la tercera jornada, el 22 de enero, comparecerán Hassan Mohatar Maanan, a las 12:00, y Cecilia González Casas, a las 12:30. El calendario se cerrará el 29 de enero con las declaraciones de Mohamed Ahmed Al-Lal, a las 12:30, y de Dunia Almansouri, a las 13:00.
Bussian y Mohatar tendrán que pasar antes por el juzgado. En otra providencia, del 7 de octubre, la magistrada los cita como investigados el 4 de diciembre, a las 9:30 y a las 10:30, respectivamente, en la pieza cuarta de la causa, que investiga un presunto blanqueo de capitales derivado de adjudicaciones presuntamente irregulares. En esa pieza, en la que figuran como querellantes el Ministerio Fiscal y la empresa Cintemel, están llamadas a declarar 12 personas los días 4 y 11 de diciembre.
Entre los investigados de la pieza de financiación figura además Carlos Alberto Susín Pertusa, entonces interventor de la Ciudad Autónoma. Su nombre consta en la relación de personas contra las que se dirige el procedimiento, aunque no aparece en el calendario de declaraciones fijado en estas providencias.
El resto de la lista lo integran, en su mayoría, empresarios y sociedades mercantiles. Según fuentes consultadas por El Faro, entre los citados hay también funcionarios de la Ciudad Autónoma. Las mismas fuentes sitúan esta diligencia después del volcado de teléfonos móviles y del análisis de otra documentación que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha aportado a la jueza instructora.
Estas fuentes apuntan a que la presunta financiación ilegal estaría vinculada a los contratos menores adjudicados por la Ciudad Autónoma. Según su relato, varios de los empresarios llamados a declarar desconocían incluso que sus negocios habían sido “invitados” a participar en esos procedimientos. “Los invitaron y participaron una vez, pero luego ya utilizan los datos de sus empresas para que se creyera que había competencia para obtener los contratos”, explica una de ellas.
La contratación menor es un procedimiento simplificado de adjudicación directa que no exige un expediente administrativo exhaustivo. Se rige principalmente por el artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y está reservada a importes reducidos: el valor estimado debe ser inferior a 40.000 euros en las obras y a 15.000 euros en los servicios y suministros.
Estos contratos no pueden durar más de un año ni prorrogarse y tampoco admiten revisión de precios. Aun así, la ley exige un expediente mínimo, que incluye un informe motivado del órgano de contratación sobre la necesidad del contrato, la ausencia de fraccionamiento y la elección del contratista, la aprobación previa del gasto y la factura del proveedor, además del presupuesto en el caso de las obras.
En la pieza de financiación ilegal figuran como denunciantes o querellantes el Ministerio Fiscal, Somos Melilla, Vox, la propia Ciudad Autónoma y Celia del Pino Millán.
El caso “Santiago-Rusadir” se abrió en abril de 2023 por presuntos delitos de organización criminal, fraude electoral, malversación, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos, entre otros. La causa principal investiga una supuesta trama dedicada a manipular los procesos electorales celebrados en Melilla desde 2019 mediante la compra de voto por correo y el control de la población a partir de una presunta base de datos ilegal obtenida, en origen, del padrón municipal.
Además de la causa principal, la instrucción se divide en seis piezas separadas. La tercera analiza supuestas adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos que, según la jueza, habrían servido para costear la compra de votos y retribuir a colaboradores de la presunta red, con cientos de expedientes tramitados en consejerías dirigidas por CpM. La quinta se centra en la posible financiación ilegal del partido.
En mayo, la magistrada levantó el secreto de la causa principal y de las piezas primera, cuarta y quinta, después de que desde octubre de 2025 se hubieran incorporado diversos informes policiales sobre el contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos. Semanas antes había prorrogado la instrucción otros seis meses, una decisión que recurrieron algunas de las partes personadas.
Contra las providencias que fijan el calendario de declaraciones cabe recurso de reforma ante el propio juzgado en un plazo de tres días.
