La Asociación Unitaxi Melilla y la Asociación Autónomos del Taxi de Melilla (AATM) han denunciado un presunto caso de intrusismo en el sector del transporte de viajeros de nuestra ciudad por parte de la empresa VTC Melilla que, según aseguran, habría continuado prestando servicios con vehículos VTC sin contar con las autorizaciones exigidas.
El pasado viernes 9 de octubre, uno de los vehículos de la empresa fue interceptado por la Policía Local en las inmediaciones del puente de Camellos cuando trasladaba a un cliente al Aeropuerto.
Tras comprobar que no tenía licencia para realizar dicha actividad y que la misma está revocada al consultar en el Registro de Empresas y actividades de Transporte, la Policía procedió a intervenir y depositar el vehículo, cursando la correspondiente sanción a la autoridad competente. De hecho, el pasajero tuvo que ser llevado posteriormente por la Policía Local para evitar que perdiera su vuelo.
La retirada del vehículo se produjo después de las denuncias presentadas por ambas asociaciones contra lo que consideran un caso de intrusismo en el sector del transporte de viajeros.
Según ha explicado a El Faro el presidente de Unitaxi, Mohamed Lamrani, el coche no figuraba registrado como VTC ante los organismos competentes y carecía de la documentación necesaria para realizar este tipo de servicios de transporte público. También ha cuestionado que, en el expediente administrativo del área de Medio Ambiente y Naturaleza, el vehículo apareciera clasificado como "híbrido" cuando, según afirma, era diésel.
Por ello, ha reclamado que se aclare cómo pudo constar con esa clasificación y si se verificó el cumplimiento de los requisitos legales.
El presidente de Unitaxi ha señalado que la Consejería de Medio Ambiente retiró el pasado mes de septiembre la autorización para la circulación de dos de los tres vehículos vinculados a esta empresa. Según la información trasladada por Unitaxi, uno de ellos no cumplía la exigencia de cero emisiones recogida en el artículo 99.5 a) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), mientras que el otro superaba los 10 años de antigüedad, en contra de lo establecido en el artículo 181.2 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT).
Lamrani ha asegurado que, durante una reunión con el área de Medio Ambiente, se comunicó a ambas asociaciones que la Ciudad Autónoma "no tenía constancia" de que la empresa continuara trabajando con los dos vehículos. Asimismo, ha afirmado que la actividad se habría mantenido pese al rechazo de una solicitud por no cumplir las condiciones reglamentarias.
"La reglamentación exige vehículos de VTC de emisiones cero. En su momento presentó la documentación y se le rechazó, pero aun así ha seguido trabajando".
El presidente de Unitaxi ha recordado que la normativa vigente exige una autorización de la Ciudad Autónoma para destinar un vehículo al transporte público, haciendo referencia a las matrículas azules de estos coches. Según ha afirmado, el coche intervenido no disponía de esas acreditaciones y nunca llegó a registrarse oficialmente como transporte público en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
"Creo que los taxis pirata que hay en la frontera son más honrados".
Por su parte, desde la AATM se han limitado a exigir "la misma legalidad" que se exige a los trabajadores del sector del taxi en la ciudad autónoma.
Asimismo, las dos entidades han querido trasladar su agradecimiento tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil del Aeropuerto por su colaboración en este caso.
Posibles acciones legales
Tras la intervención policial, ambas asociaciones están consultando con sus servicios jurídicos la posibilidad de reclamar daños y perjuicios a la Ciudad Autónoma por el supuesto perjuicio ocasionado al sector durante el tiempo en que el vehículo habría operado sin la autorización pertinente.
Los representantes de las asociaciones consideran que esta situación ha perjudicado a los profesionales del taxi y a las familias que dependen de esta actividad económica. Por ello, aseguran que mantendrán sus actuaciones hasta esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.
La retirada del vehículo supone, según las asociaciones denunciantes, un paso en sus reclamaciones contra el intrusismo en el transporte de viajeros en Melilla.
