A Juan José Águila le ocurre que su trabajo cambia de escenario y de época constantemente. Un día puede estar siguiendo el rastro de una pintura desaparecida; otro, tratando de averiguar qué ha ocurrido con una pieza arqueológica; al siguiente, recibiendo información sobre un barco localizado bajo el agua. "Un día es pintura, otro día es cultura, otro día es que te hablan de un barco en no sé dónde", cuenta. En la Sección de Patrimonio Histórico de la UCO, donde forma parte del cuerpo especializado, esa variedad forma parte de la investigación de los delitos que afectan al patrimonio cultural.
Águila ha sido ponente en el curso de la UNED "La obra ausente", con una intervención titulada "Tráfico ilícito de bienes culturales: investigación y lucha contra el expolio". Cuando explica qué significa investigar este tipo de delitos, empieza por ampliar el concepto de patrimonio. Habla de patrimonio histórico, pero también de patrimonio cultural, una denominación que permite abarcar distintas manifestaciones y disciplinas artísticas. Desde la perspectiva policial, el campo incluye robos, estafas, contrabando, blanqueo de capitales y expolio.
El expolio tiene una particularidad: muchas veces afecta a un patrimonio que permanece oculto. Una villa romana enterrada bajo tierra, por ejemplo, puede formar parte de ese patrimonio que no se ve en superficie. Cuando alguien localiza el lugar y comienza a extraer sus materiales, el daño no se limita a la desaparición de objetos. Se interviene sobre un yacimiento cuya información arqueológica depende precisamente de que los materiales permanezcan en su contexto.
El mismo problema aparece bajo el agua. España está bañada por el Mediterráneo y el Atlántico y ha mantenido durante siglos una intensa actividad marítima. Fenicios, cartagineses y romanos pasaron por la península, y posteriormente las rutas comerciales y marítimas vinculadas a la expansión española hacia América multiplicaron la presencia de embarcaciones en sus costas. Todos esos movimientos dejaron restos y vestigios que hoy forman parte del patrimonio arqueológico.
Águila explica que, en esos casos, el valor de los objetos no se mide necesariamente por su precio. Una embarcación fenicia de ocho o nueve metros puede conservar un molino, unas tinajas o restos de cerámica. Son materiales que pueden carecer de un valor económico elevado y, sin embargo, permiten conocer cómo estaba construida la embarcación, qué actividades se desarrollaban a bordo y qué mercancías transportaba.
Los restos de alimentos también forman parte de esa información. Los huesos de aceituna pueden aportar datos sobre los productos que viajaban en el barco. La cerámica puede ayudar a identificar las mercancías y las rutas comerciales. Águila recuerda también el garum, la pasta de pescado consumida en época romana, como uno de los elementos que permiten aproximarse a los intercambios comerciales de aquel momento. En un yacimiento, cada uno de esos restos puede aportar una pieza de información sobre la vida y las relaciones económicas de quienes utilizaron la embarcación.
En otros periodos aparecen barcos destinados a transportar oro y plata. Águila recuerda los galeones y navíos que trasladaban esas riquezas y su relación con las rutas comerciales y con la financiación de las guerras en el centro de Europa. Pero el trabajo de la UCO no consiste en estudiar arqueológicamente esos materiales. Su función es investigar los delitos que puedan producirse alrededor de ellos.
Si se localiza un barco romano con ánforas o lingotes de plomo, por ejemplo, puede existir riesgo de expolio. Una red de pesca puede enganchar un ánfora y extraerla accidentalmente; un yacimiento conocido puede atraer después a buceadores que acudan deliberadamente a buscar materiales. En esas circunstancias, la intervención policial puede consistir en comunicar el hallazgo a la Administración para que se valore su protección, su estudio o la retirada de determinados materiales. Cuando existe un delito, la investigación se dirige hacia quienes hayan participado en el expolio, el contrabando o cualquier otra conducta relacionada.
La formación de quienes trabajan en esta unidad también tiene importancia. Águila es historiador del arte y comparte equipo con historiadores, arqueólogos y una conservadora. Explica que, cuando la UCO selecciona personal, es cada vez más habitual que lleguen personas con este tipo de carreras. Su conocimiento específico se suma después a la formación y al trabajo policial.
Las investigaciones llegan por caminos muy diferentes. Puede ser una persona que está haciendo un trabajo sobre pintura o escultura y reconoce una obra que había sido robada. Puede tratarse de un ciudadano que identifica una pieza en una fotografía. Puede ser el Ministerio de Cultura, una institución extranjera o la policía de otro país. Y están también las casas de subastas, las plataformas de venta y las redes sociales, donde las obras pueden aparecer ante personas que conocen su historia.
Águila recuerda que una obra robada puede acabar en una institución extranjera sin que quienes la tienen sepan necesariamente de dónde procede. Una pintura puede haber pasado por varias manos durante décadas hasta llegar a una galería, una colección o un museo. En otros casos, la pieza llega al mercado porque ha sido heredada. Una familia puede conservar una pintura comprada de buena fe por sus padres y descubrir, cuando decide venderla, que la obra había sido robada cincuenta años antes.
La información que permite comenzar una investigación también puede ser aparentemente pequeña. Águila recuerda el caso de una virgen robada cuya imagen apareció en una fotografía de una romería de los años setenta. La pieza se encontraba en manos de una familiar. Una fotografía de ese tipo puede no resolver por sí sola una investigación, pero permite conservar una pista sobre una obra desaparecida y mantener abierta la posibilidad de localizarla.
La recuperación de piezas antiguas lleva también a revisar casos que parecían olvidados. Águila menciona cómo, después de la repercusión del caso del Tesoro de Villena, han vuelto a aparecer en la prensa preguntas sobre obras robadas años atrás. Piezas que desaparecieron durante la Guerra Civil, obras que se perdieron después de incendios en iglesias o bienes que fueron sustraídos en circunstancias que quedaron sin resolver pueden volver a entrar en las investigaciones décadas después.
Para localizar esas piezas, la documentación resulta fundamental. España dispone de diferentes instrumentos de protección del patrimonio, entre ellos la declaración de Bien de Interés Cultural y los inventarios. El Estado y las comunidades autónomas tienen identificados numerosos bienes, aunque el volumen de patrimonio hace que la gestión sea compleja. También existe el patrimonio conservado por la Iglesia, que reúne una cantidad muy importante de bienes muebles e inmuebles.
Las fotografías antiguas se convierten entonces en una herramienta de investigación. Águila recuerda que desde el siglo XIX existen fotografías que permiten conocer cómo eran determinados interiores, retablos o conjuntos artísticos. Una imagen tomada décadas antes puede mostrar una obra que posteriormente desapareció, fue destruida o quedó fuera de la documentación disponible. Esas imágenes permiten comparar, identificar y demostrar la existencia anterior de una pieza.
Cuando una obra española aparece en el extranjero, el primer trabajo consiste en reconstruir cómo salió del país. La colaboración con el Ministerio de Cultura es constante. Águila explica que, para las obras que necesitan autorización de exportación, una de las primeras comprobaciones consiste en averiguar si ese permiso fue solicitado y concedido.
Después hay que reconstruir el recorrido de la pieza. La investigación puede dirigirse a la persona que actualmente la posee, a la casa de subastas donde se ofrece o a las personas que la han tenido anteriormente. El objetivo es conocer cuándo fue adquirida, de quién procede y qué documentación existe sobre esa transmisión. A partir de ahí se intenta reconstruir cómo salió de España y si lo hizo legalmente.
El recorrido puede ser largo y la documentación, incompleta. Una obra puede haber sido comprada en los años sesenta, haber cambiado varias veces de propietario y terminar décadas después en otro país. Para solicitar su restitución no basta con localizarla. Es necesario demostrar ante las autoridades judiciales que fue robada, que salió ilegalmente o que pertenecía a una institución determinada.
La restitución requiere entonces la intervención judicial. Un juez español debe activar los mecanismos establecidos internacionalmente para solicitar primero una medida cautelar y posteriormente el regreso de la obra. En el país donde se encuentra la pieza, las autoridades judiciales necesitan disponer de pruebas suficientes para actuar. En ese proceso intervienen también las fiscalías especializadas, entre ellas la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que lleva patrimonio histórico, y la Fiscalía de Cooperación Internacional.
Los plazos dependen de cada investigación y de los procedimientos de los países implicados. Águila señala que pueden ser largos. La documentación, la actuación del juzgado y la colaboración internacional condicionan cada caso. La reclamación tiene que estar respaldada por evidencias. "No vale la sospecha", insiste.
Esa exigencia resulta especialmente importante cuando un Estado reclama una pieza por pertenecer a su patrimonio cultural. Que una escultura sea egipcia, maya o azteca demuestra su origen cultural, pero no determina por sí mismo cuándo llegó al extranjero ni en qué circunstancias. Para reclamarla hay que acreditar que fue robada, expoliada o exportada ilegalmente.
Una pieza puede haber salido de un yacimiento, de un museo o de una colección. También puede haber llegado al extranjero en una época en la que determinadas prácticas todavía eran habituales. Águila recuerda que existieron momentos en los que se regalaban piezas a diplomáticos que después las trasladaban a otros países. La situación cambió con la aparición de normas internacionales destinadas a proteger el patrimonio cultural.
En ese contexto sitúa la importancia de la Convención de la UNESCO de 1970. Los países que la firman asumen compromisos para combatir el tráfico ilícito y establecer normas sobre la salida de sus bienes culturales. La cooperación entre Estados permite actuar cuando una pieza atraviesa las fronteras y aparece en un mercado extranjero.
Águila utiliza además una precisión jurídica para explicar qué se entiende por tráfico ilícito. Aunque la expresión se utiliza habitualmente, no existe como tal una figura denominada "tráfico ilícito de bienes culturales" en el Código Penal español. En muchos casos, las conductas se persiguen mediante la legislación de represión del contrabando, junto con delitos como el robo, la estafa o el blanqueo de capitales.
El recorrido internacional puede incluir varios países. Una pieza puede ser expoliada en su lugar de origen, trasladada a otro Estado y después introducida en el mercado con una procedencia falsa. Águila pone el ejemplo de obras que salen de Egipto y llegan a Emiratos Árabes antes de entrar en el mercado con una procedencia atribuida a una antigua colección europea.
A ese problema se suma el de las falsificaciones. Águila recuerda que la falsificación de piezas culturales no es un fenómeno reciente: "No se falsifica hace 15 días, se falsifica hace 300 años". La tecnología actual permite realizar análisis destinados a determinar la antigüedad de determinados materiales, pero esas pruebas requieren especialistas y no siempre son procedimientos accesibles.
Una de ellas es la termoluminiscencia, utilizada para estudiar determinados materiales de barro cocido. El comprador puede recibir un certificado o un análisis técnico, pero necesita confiar en el trabajo del especialista que lo ha realizado. La procedencia documental sigue siendo, por eso, una parte importante de la investigación.
Internet ha añadido nuevas posibilidades a este trabajo. Águila considera que su balance es positivo porque la red permite que muchas más personas estén pendientes de lo que aparece en el mercado. Investigadores, conservadores, estudiantes de doctorado, técnicos de museos y aficionados pueden reconocer una pieza y comunicarlo. "Todos los ciudadanos del mundo son una lupa", explica.
Las nuevas tecnologías también dificultan la circulación de determinadas obras. Águila se pregunta qué podría hacer alguien con una pintura de reconocimiento mundial como el "Guernica" después de robarla. Encontrar un comprador sería complicado y exponerla sin que fuera reconocida resultaría todavía más difícil. En cambio, continúa, se siguen robando pinturas y siguen apareciendo años después. Durante la conversación recuerda incluso la noticia de la recuperación de unas obras de Renoir.
El Tesoro de Villena responde, en su opinión, a otro tipo de interés. En ese caso, el objetivo del robo estaría relacionado con el valor del oro acumulado, más que con el significado arqueológico de las piezas o con el hecho de que tengan miles de años. Águila lo compara con el robo de una joyería o de una entidad bancaria: el objeto buscado es el material de valor.
Cuando una pieza finalmente regresa a España, la investigación entra en otra fase. Águila explica que la legislación española establece que los bienes que salen del país sin la autorización de exportación correspondiente pertenecen al Estado. En determinados casos, si el anterior propietario demuestra que no tuvo relación con la salida ilegal, puede reclamar la cesión.
La situación es diferente cuando el propietario es un particular. Águila explica que la norma busca también evitar que alguien cobre el seguro después de un robo y posteriormente recupere la pieza cuando esta aparece. El legislador optó por que, si el bien ha salido ilegalmente de España, pase a pertenecer al Estado con garantía de protección.
Con instituciones como la Iglesia puede existir posteriormente una cesión. La pieza puede volver a su lugar de origen o a un museo diocesano cuando se considera que existen las condiciones necesarias para conservarla y protegerla. Esa decisión ya no corresponde a la investigación policial.
Para Águila, el trabajo tampoco se limita a recuperar patrimonio español. Si una pieza robada en Alemania aparece en España, se trabaja para que vuelva a Alemania. Y si una obra española aparece en Alemania, espera la misma colaboración. "Yo le pongo el mismo amor al cuadro que es de Alemania y que va a acabar allí", explica.
A sus 55 años, dice que las medallas han dejado de ser importante. Le produce satisfacción ver cómo viven una recuperación los miembros más jóvenes de su equipo. Hay investigaciones que terminan con un acto público y otras que no tienen ninguna repercusión, pero la recuperación de una pieza conserva para él una satisfacción personal.
Su trabajo, mientras tanto, sigue cambiando de un caso a otro. Una pintura, un yacimiento, un barco, una fotografía antigua, una subasta en otro país. La investigación consiste en seguir esas piezas, reconstruir su recorrido y reunir las pruebas necesarias para determinar qué ocurrió con ellas.
A veces la pista aparece en un inventario. Otras, en una fotografía tomada hace más de un siglo. Puede llegar desde otro país, desde una casa de subastas, desde un museo o desde una persona que reconoce una obra en una imagen. Y puede tratarse de una pieza desaparecida hace cinco años o hace cincuenta. Para Águila, mientras alguien siga preguntando por ella, todavía existe la posibilidad de encontrarla.
