La Clínica Veterinaria Pintos ha decidido acudir a la Justicia para defenderse de las acusaciones de negligencia vertidas contra ella en el programa CES de gestión de colonias felinas de Melilla. Su representación legal, ejercida por el letrado Farid Ahmed Dris, ha interpuesto una demanda de conciliación contra José Valdivieso Morquecho Marmolejo y la asociación animalista Huellas de la Solidaridad. La defensa les atribuye haber relacionado públicamente la actuación de la clínica con la muerte de varias gatas intervenidas dentro del programa.
Los veterinarios Rafael Serrano Romero y Daniel Fernández Pérez también ejercen la acción. Entre otras peticiones, reclaman que se retiren las manifestaciones sobre las supuestas negligencias profesionales y que se ofrezca una disculpa pública. También piden que se reconozca una indemnización por los daños causados a su honor, su imagen y su reputación profesional.
La defensa apoya su posición en documentación técnica y pericial. En concreto, dispone de un informe pericial veterinario independiente que concluye que las cirugías se realizaron conforme a la buena praxis. Según ese documento, los animales analizados murieron por patologías graves que ya padecían y no como consecuencia de la intervención quirúrgica.
"Ante unas acusaciones de esta gravedad, nuestra obligación como representación legal es defender el honor y la reputación profesional de nuestros representados sobre la base de elementos objetivos y técnicos", ha señalado Ahmed Dris. El letrado asegura contar con documentación pericial "especialmente relevante", que hará valer "en los cauces legalmente establecidos".
La conciliación es el primer paso antes de un posible procedimiento judicial. Ahmed Dris insiste en que sus clientes no quieren alargar el enfrentamiento público, sino proteger una trayectoria que consideran injustamente dañada. "No buscamos trasladar este procedimiento a un enfrentamiento mediático", subraya. Y añade: "Hemos optado inicialmente por la conciliación y esperamos que esta vía permita alcanzar una solución. De no ser así, ejerceremos las acciones que correspondan".
La polémica arranca en junio de 2024. Ese mes, la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública paralizó el programa CES después de que aparecieran en la calle tres gatas con los puntos de la esterilización abiertos. Dos de ellas murieron. Las tres habían sido operadas en la misma clínica, y varias asociaciones participantes en el programa pidieron a Salud Pública que la apartara del convenio. La Ciudad abrió un expediente informativo.
En julio de aquel año, Valdivieso, presidente de Huellas de la Solidaridad, explicó a El Faro que su asociación ya se había negado a trabajar con esa clínica por incidentes anteriores.
El 30 de julio de 2024, el Colegio de Veterinarios de Melilla recibió el informe pericial que había encargado a la asociación Lexvet. El documento no encontró evidencia de mala praxis ni de incumplimiento del convenio. Por ello, el Colegio levantó la suspensión y la clínica se reincorporó de inmediato al programa.
