La diputada de Coalición por Melilla (CpM) Cecilia González ha presentado ante la Mesa de la Asamblea una solicitud de reconsideración contra su expulsión del Pleno de control celebrado el pasado 30 de septiembre, una decisión que califica de "arbitraria" y contraria a Derecho. La parlamentaria denuncia que el presidente de la Asamblea, Juan José Imbroda, la expulsó por una interrupción "leve y única", mientras permitía las interrupciones "continuas, reiteradas y ruidosas" del diputado del PP Francisco Villena.
En su escrito, González sostiene que Villena cortó una y otra vez el uso de la palabra de los diputados de su grupo sin que la Presidencia le hiciera advertencia alguna ni le llamara al orden, hasta que ella misma lo reclamó "a viva voz". A su juicio, esa pasividad contrasta con el "celo riguroso" que se exigió al resto de diputados en la misma sesión, lo que interpreta como un trato "de favor por razones de afinidad política".
La diputada relata que, tras una breve reflexión de tres palabras, el presidente se dirigió a ella con expresiones como "Señora cállese. Cállese. Cállese. La siguiente va a la calle" y "Se va usted por su pie o se la lleva. Márchese". Según su versión, Imbroda nunca pronunció la fórmula "la llamo al orden" antes de decretar su salida del Salón de Plenos. La crónica publicada por El Faro aquel día recogió, sin embargo, que la expulsión se produjo tras una segunda llamada al orden.
González recuerda que la medida obligó a suspender la sesión, motivó la intervención "innecesaria" de agentes de la Policía Local y provocó la retirada en bloque de su grupo como protesta.
La parlamentaria considera que expulsar a una diputada de la oposición mientras se tolera la interrupción "sistemática" del grupo mayoritario vulnera el derecho al ejercicio del cargo público del artículo 23.2 de la Constitución. También alega que se infringieron los artículos 55, 73 y 74 del Reglamento de la Asamblea y que la disciplina parlamentaria se utilizó para "silenciar selectivamente" a la oposición.
Por ello, solicita a la Mesa que deje sin efecto la expulsión y declare la nulidad del acto por infracción del procedimiento reglamentario. Pide, además, que se reconozca que debió llamarse al orden al diputado popular y que se inste a la Presidencia a aplicar las normas con neutralidad, proporcionalidad e igualdad en las próximas sesiones.
El incidente se produjo durante un cruce entre González y el consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández Bonnemaison, sobre las ayudas para material escolar. Tras el Pleno, Imbroda anunció que el futuro reglamento incluirá sanciones económicas para los diputados expulsados. "Cuando desde la Presidencia se pide a un diputado que guarde silencio, debe atenderse esa indicación", afirmó entonces.
