Los electores que quieran votar por correo en las elecciones generales del domingo 29 de noviembre ya pueden solicitarlo. El plazo está abierto desde este martes y hasta el 19 de noviembre, inclusive. La solicitud puede hacerse por internet, en la web de Correos, o de forma presencial en cualquier oficina postal de España, también en las de Melilla, según ha informado la compañía.
Lo que se solicita es el certificado de inscripción en el censo electoral, requisito imprescindible para votar por correspondencia. Quien opte por la vía telemática deberá acreditar su identidad mediante firma electrónica, con un certificado de persona física reconocido por el Ministerio de Industria o con el DNI electrónico.
En las oficinas, la petición debe formularla personalmente cada elector, que tendrá que presentar el DNI, el pasaporte o el carné de conducir originales. Solo en caso de enfermedad o discapacidad acreditada con certificado médico oficial podrá presentarla otra persona, siempre que cuente con autorización notarial o consular. Para evitar esperas, Correos ofrece cita previa a través de su app, su web o la Oficina Virtual.
La compañía entregará las solicitudes a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, que remitirán la documentación a partir del 9 de noviembre. Los sobres llegarán a la dirección indicada en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con el domicilio habitual. El plazo para depositar el voto concluirá el 25 de noviembre.
En Melilla, el voto por correo arrastra una historia singular. El Tribunal Supremo condenó por sentencia firme a penas de inhabilitación, entre otras, al entonces líder del PSOE local, Dionisio Muñoz, y al presidente de CpM, Mustafa Aberchán, después de quedar demostrado que utilizaron el voto por correo a cambio de promesas de empleo en las elecciones generales de 2008.
Además, un juzgado investiga desde 2023, dentro de la llamada operación Santiago-Rusadir, la presunta compra de votos por correo en la ciudad por parte de los dirigentes de CpM.
Ese mismo año, las autonómicas del 28 de mayo estuvieron marcadas por una avalancha de más de 9.000 solicitudes y por los robos y agresiones sufridos por repartidores de Correos al entregar la documentación en los domicilios. Los carteros llegaron a repartir escoltados por policías nacionales y guardias civiles.
Ante esa situación, la Junta Electoral de Zona resolvió que quienes hubieran pedido el voto por correo debían identificarse con su DNI en las oficinas de Correos para depositar la papeleta. La directriz fue posteriormente avalada por la Junta Electoral Central. La medida la habían reclamado Vox y el PP, mientras que la representación de CpM en la junta votó en contra e insistió en suspender todo el proceso electoral.
