Los ciudadanos españoles acudirán a las urnas el próximo 29 de noviembre para elegir al nuevo Parlamento y, en consecuencia, al presidente del Gobierno que tendrá en sus manos el futuro del país durante los siguientes cuatro años. Pedro Sánchez comunicó a primera hora de la mañana de ayer su decisión de disolver las Cortes y convocar elecciones después de su último fracaso en el Congreso de los Diputados: la no convalidación de los dos decretos sobre viviendas, su medida estrella para tratar de dar algo de continuidad a una Legislatura francamente ya muerta y tratar de arrojar sombras sobre dos de sus grandes enemigos de cara a la opinión pública: la crisis de Ceuta y los graves casos de corrupción que acorralan a su familia, su Gobierno y su partido.
La decisión de la convocatoria electoral se produce después de un fin de semana de "reflexión" del presidente, quien va a sacar el último conejo que le queda en la chistera disolviendo el Congreso pero llevando a su Diputación, donde sí podrá obtener mayoría, esos mismos decretos que ya fueron rechazados el pasado viernes. Expertos en leyes aseguran que cometerá un "fraude de ley", pero parece dispuesto a cualquier cosa con tal de retener el mayor número de votos posible para una izquierda en caída libre, incluido el PSOE, según coinciden todas las encuestas publicadas en los últimos meses.
Y es que los sucesivos y graves casos de corrupción, con la guinda de la crisis en Ceuta, han minado el crédito de Sánchez, su equipo y el PSOE entre los electores, que ya no quieren saber nada de la estrategia del relato y lo que buscan es un Gobierno capaz de tomar medidas, que dé estabilidad y certeza al país, que apruebe presupuestos, que guarde respeto por las instituciones y los demás poderes del Estado, que practique una política económica que aleje a los bolsillos de la inflación, que lleve a cabo unas relaciones internacionales que favorezcan a España, y que trabaje para devolver la libertad que se necesita para que la sociedad democrática funcione.
La Legislatura no daba más de sí y así lo venían advirtiendo los distintos analistas políticos. Para Melilla,y sobre todo para Ceuta, era imprescindible ya una decisión de ese cariz. No se sabe si será por las elecciones o por la proximidad de la visita del Rey pero resulta que, de pronto, sí está siendo posible desalojar inmigrantes de la playa caballa del Trampolín, lo cual está llevando a varios cientos de marroquíes a volver a su territorio para no ser filiados. La pregunta se cabe de la boca: si se está pudiendo hacer ahora con la policía y el ejército, ¿por qué se ha esperado dos meses en tomar la decisión? Alguien tendrá que responder de tanta negligencia.
