La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Melilla achacó a un error de edición, fruto de la sobrecarga de trabajo del periodo preelectoral, el párrafo de un atestado de la operación Santiago-Rusadir que relacionaba la "cultura musulmana" con la comisión de delitos. Así consta en un oficio fechado el 9 de abril de 2024 y remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, dentro de la pieza que investiga la presunta compra de votos por correo. El Faro ha tenido acceso a este documento, inédito hasta ahora, a través de fuentes de la defensa.
El escrito, firmado digitalmente por el inspector jefe de la UDEF de Melilla, lleva por asunto la rectificación de errores materiales. Está incorporado a las diligencias previas 141/23, en su pieza tercera, y procede de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Melilla.
El párrafo original, incluido en los atestados 6893/23 y 7386/23, subrayaba "sobremanera" el vínculo familiar puesto en evidencia durante la investigación. Según aquel texto, conforme a las indagaciones practicadas, los vínculos familiares eran "el primer factor de colaboración de esta Organización Criminal". Añadía que, "atendiendo a la cultura musulmana", se trataba de "un factor inquebrantable, que asegura la comisión de delitos".
La versión corregida que la UDEF remitió al juzgado mantiene la estructura de la frase, pero desaparece cualquier alusión cultural o religiosa. El vínculo familiar queda circunscrito a "los dos primos" investigados y el texto precisa que se trata de "este caso". Según la nueva redacción, los vínculos familiares son el primer factor de colaboración de la organización criminal, "en este caso, lo que asegura la comisión de los delitos".
La explicación de la Policía
El inspector jefe sostiene en el oficio que el texto eliminado "no encaja en la frase" y "carece de sentido lógico". A su juicio, una vez suprimidas esas palabras, el párrafo "adquiere un significado pleno".
Según su explicación, las palabras retiradas formaban parte de un borrador más extenso que había sido desechado. No se eliminaron de la versión definitiva por un error de edición del documento, que el mando policial atribuye a la sobrecarga de trabajo del periodo preelectoral en que se redactó.
El oficio incluye una segunda corrección de contenido similar. En el atestado 2971/24, de 6 de marzo de 2024, la UDEF pide sustituir en el punto 7 de la página 15 la expresión "que procedentes de la cultura" por "que procedentes de un grupo". La Policía justifica el cambio porque la redacción original no expresaba lo que se pretendía, debido a un error de redacción.
El documento no se limita a estos pasajes. También rectifica algunos errores sobre la identidad de personas relacionadas con este caso judicial, una de las cuales afecta al error en la identificación de un alto cargo de la Ciudad Autónoma cuando en realidad era otro de su mismo rango.
La UDEF cierra el escrito lamentando los "errores involuntarios" cometidos en el conjunto de los "numerosos atestados" remitidos al juzgado. Informa de todo ello para que sean subsanados, siempre de acuerdo con la valoración que haga la autoridad judicial.
"No es un mero error"
La defensa de varios de los investigados rechaza esta explicación. "No puede aducirse que se trata de un mero error", afirma, ya que esa referencia a las relaciones familiares en la cultura musulmana "sirvió para medidas tan graves y tan gravosas como la prisión provisional".
Según sostiene, el atestado sirvió también para dictar autos de entrada y registro y para otras diligencias. Todas ellas, subraya, afectaron a la situación procesal y a la vida personal y profesional de muchos de los investigados.
Añade que esas manifestaciones sirvieron además para la calificación jurídica inicial de los hechos, tanto por parte de la Policía como del juzgado de instrucción. Por ello, insiste en que se trata de "una actuación policial considerable, de gran trascendencia", con "una incidencia directa" en la situación procesal y personal de los investigados.
La defensa va más allá y apunta a los propios agentes. A su juicio, el párrafo "pone de manifiesto la contaminación de algunos de los agentes", derivada de "determinados prejuicios". Esos prejuicios, según su planteamiento, les inhabilitaban para llevar a cabo cualquier investigación "con una cierta neutralidad o imparcialidad".
Denuncia de la Comisión Islámica
El oficio está fechado cuatro días después de que la Comisión Islámica de Melilla (CIM) denunciara públicamente el contenido de ese atestado. El 5 de abril de 2024, la entidad mostró en un comunicado su "profunda preocupación" por lo que consideraba un tono "sesgado y discriminatorio" hacia la comunidad musulmana.
La CIM calificó entonces de "completamente infundada" la afirmación de que la cultura musulmana fuera un factor que asegurara la comisión de delitos. Recordó que la religión o la cultura de una persona no determina su propensión a delinquir y advirtió de que ese tipo de generalizaciones perpetúan estereotipos y alimentan la discriminación.
La entidad aseguró que el informe había causado perplejidad e indignación en la comunidad musulmana de Melilla. Reclamó que se investigara el fundamento de esas afirmaciones y que se tomaran medidas para rectificar y pedir perdón a la ciudadanía de confesión musulmana.
La querella de CpM
El asunto llegó después a los tribunales. En noviembre de 2025, CpM anunció la interposición de una querella contra la UDEF en los juzgados de instrucción de Melilla por un presunto delito de odio. El anuncio lo hizo el abogado granadino Ernesto Osuna.
La querella se fundamenta en que el atestado remitido a la jueza del caso aludía al carácter musulmán de los investigados y a la posibilidad de que huyeran a Marruecos. El partido ya había intentado llevar esa misma querella a la Audiencia Nacional, que no la admitió a trámite al considerar que no era competente para tramitarla.
La pieza de la compra de votos por correo es una de las seis en que se divide la operación Santiago-Rusadir. En el marco de esta operación, cinco consejeros del Gobierno que CpM compartió con el PSOE entre 2019 y 2023 permanecieron más de dos meses en prisión preventiva, investigados por su posible pertenencia a una organización criminal para la obtención irregular de fondos públicos de la Ciudad Autónoma.
