Conesa apunta que a PSOE y PPL “se les debería caer la cara de vergüenza por sus acusaciones”. El Gobierno melillense se pronunció en la jornada de ayer sobre un asunto espinoso: La supuesta imputación de su vicepresidente, Miguel Marín, por un presunto delito de prevaricación y desvío de poder. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Daniel Conesa, tampoco aclaró si el vicepresidente autonómico acudió el pasado mes de marzo al juzgado como acusado, pero defendió que haya decidido no dimitir de su cargo, al contrario de lo que hizo el viceconsejero de Medio Ambiente, Guillermo Merino, cuando fue imputado por un presunto delito de falsedad documental en mayo de este año.
En manifestaciones realizadas en rueda de prensa, Conesa señaló que ambos casos son distintos. En el supuesto de Marín, afirmó que el colectivo que le ha denunciado, el Colegio de Arquitectos de Melilla, “ha fabricado una acusación a la medida” y aseguró que ésta tiene una clara intencionalidad política.
Asimismo, recalcó que la normativa interna del Partido Popular (PP) no obliga a aquellos que ostenten un cargo público y hayan sido acusados en algún proceso judicial a que abandonen su puesto, sino que establece que “podrán” hacerlo así.
“El caso de Merino fue una decisión personal. Su postura le honra y él mismo me ha comunicado que está muy satisfecho con la determinación que tomó, ya que así podrá centrarse en su defensa sin desatender sus obligaciones públicas y demostrar su inocencia de manera contundente”, añadió el portavoz.
En la otra cara de la moneda, criticó con dureza a los partidos de la oposición que han asegurado que Marín se encuentra imputado por presuntas irregularidades en la contratación de un arquitecto por parte de la Ciudad Autónoma.
“A PSOE y PPL se les debería caer la cara de vergüenza”, reprochó Conesa, quien recordó que las filas socialistas “están llenas de acusados por delitos que podrían conllevar penas de cárcel”, mientras que en lo que respecta a PPL, subrayó que su líder y fundador, Ignacio Velázquez, estuvo años apartado de la política por una decisión judicial.
