La Guardia Civil solicitó al Ministerio del Interior, el 8 de julio, refuerzos para Ceuta y Melilla tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de personas que entran por mar. La petición, recogida en una "nota de despacho" de la Dirección General del instituto armado, se produjo semanas antes de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes registrada en Ceuta, según revelan documentos desclasificados por Moncloa.
En el documento, la Dirección General de la Guardia Civil advertía de que "la doctrina establecida por el Tribunal Supremo comporta relevantes consecuencias operativas" para el cuerpo en ambas ciudades autónomas. Según su análisis, la sentencia consolidaba una diferencia de trato entre quienes intentan entrar por las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima, lo que podía generar un "efecto llamada" hacia las entradas a nado, una modalidad que consideran especialmente difícil de detectar e interceptar a tiempo.
La nota señalaba que la sentencia "limita la capacidad de respuesta inmediata" ante este tipo de accesos irregulares y advertía de una posible "sustitución" progresiva de los intentos de entrada por tierra hacia la vía marítima, en particular mediante nadadores que parten desde puntos cercanos a la frontera.
Ante este escenario, la Guardia Civil planteó a Interior varias medidas concretas. Para Ceuta, propuso reforzar el servicio marítimo provincial, encargado de prevenir el acceso de nadadores a la ciudad, mediante el incremento de personal a través de comisiones de servicio. Para Melilla, la propuesta fue reforzar los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), con el objetivo de mejorar las capacidades de detección y respuesta ante intentos de entrada a nado.
El instituto armado planteó también potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y de vigilancia costera en ambas ciudades autónomas, como complemento a los medios marítimos y terrestres ya desplegados. Según la nota, el objetivo de estas mejoras era anticipar los intentos de entrada irregular, poder avisar a las autoridades marroquíes y reducir los riesgos para la vida e integridad de las personas implicadas.
Como cuarta medida, la Guardia Civil propuso impulsar una reforma de la ley de extranjería que permitiera aplicar de forma expresa el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla que se produzca fuera de los pasos fronterizos habilitados, con independencia de si el acceso se realiza por tierra o por mar.
Los datos posteriores parecen respaldar las advertencias del instituto armado. Un informe elaborado el 30 de julio por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) constató un incremento del 150% en las entradas irregulares a Ceuta durante 2026. Entre el 1 y el 29 de julio se contabilizaron 1.114 entradas a nado en la ciudad autónoma, once veces más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 109. En paralelo, los cruces por tierra cayeron un 43%, hasta las 128 entradas. El CENIF precisa que el aumento de las llegadas por mar fue "irregular" hasta el 25 de julio, fecha a partir de la cual se volvió "exponencial".
En Melilla, el mismo informe detecta un patrón similar: las entradas a nado registradas entre el 1 y el 29 de julio de 2026 ascendieron a 231, casi el cuádruple que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 61.
