El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, ha señalado al Ministerio de Sanidad por adquirir medicamentos "al margen de la normativa pública contractual" en los hospitales de Ceuta y Melilla, los dos únicos centros que gestiona directamente el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), según ha informado El Debate. La conclusión figura en el informe de fiscalización de los gastos farmacéuticos hospitalarios del organismo correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023.
El documento constata una "escasa mejoría" respecto a la anterior fiscalización, referida al ejercicio 2016, lo que apunta a un problema estructural más que coyuntural en la gestión de ambas ciudades autónomas.
Entre las principales carencias detectadas, el Tribunal apunta a la falta de planificación en las compras, que ha derivado en adquisiciones directas fuera de los cauces contractuales establecidos. Esta ausencia de previsión ha generado, además, diferencias de precio que en algunos casos superan el 50%, tanto entre distintas compras a un mismo proveedor como entre los hospitales de Ceuta y Melilla. El órgano fiscalizador también ha detectado retrasos en la conformidad y el pago de los suministros farmacéuticos.
El informe señala asimismo la ausencia de procedimientos de gestión comunes entre ambos territorios, así como sistemas informáticos obsoletos con problemas de interoperabilidad, lo que dificulta el seguimiento de las compras por parte de los órganos de control. Estas deficiencias afectan también a los medicamentos con condiciones especiales de financiación, impidiendo conocer con precisión los retornos derivados de acuerdos de precio-volumen o de los techos de gasto pactados.
El Tribunal reclama además mejoras en las medidas para garantizar el uso racional de los medicamentos, en particular en el funcionamiento de las comisiones que controlan su calidad, en el uso de biosimilares, en la redosificación de productos y en la fijación de criterios comunes para el uso de fármacos fuera de las indicaciones autorizadas.
Contratos a dedo
El informe no se limita al gasto farmacéutico. El órgano fiscalizador ha afeado también al Ingesa una serie de irregularidades en la contratación de los servicios de limpieza, seguridad, restauración y tratamiento de residuos durante 2022 y 2023.
Según recoge El Debate, el 93% de estos aprovisionamientos se realizaron mediante compras directas, es decir, a dedo, incumpliendo los principios de publicidad y transparencia que rigen la contratación pública. El Tribunal ha detectado también carencias en la fundamentación y el control de las asistencias sanitarias prestadas con medios ajenos, así como la prolongación irregular de la ejecución de contratos y la superación del importe inicialmente previsto en varios de ellos.
Este último punto no es una novedad para Melilla. El propio Tribunal de Cuentas ya había adelantado parte de estas irregularidades el pasado mayo, en su Memoria 2025, donde señalaba además la ausencia de un plan de salud específico para el Área sanitaria de Melilla, un nivel insuficiente de integración de los sistemas de información y un porcentaje de temporalidad en la plantilla del 23% a cierre de 2023, muy por encima del límite recomendado del 8% en las plazas estructurales. Aquel informe ya alertaba de la falta de mecanismos para verificar la presencialidad de los trabajadores y de carencias en el control de las retribuciones variables.
El nuevo informe, centrado específicamente en el gasto farmacéutico hospitalario, confirma y amplía ese diagnóstico: la gestión del INGESA en Ceuta y Melilla arrastra, según el órgano fiscalizador, deficiencias que afectan tanto a la planificación como al control económico y a la transparencia en la contratación pública.
