El Gobierno de Ceuta acordó este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio, cuando miles de migrantes entraron de forma masiva en la ciudad autónoma a través de la frontera del Tarajal.
Según ha informado el Ejecutivo ceutí, que preside Juan Jesús Vivas (PP), estos hechos habrían afectado "de forma directa y grave" a bienes e intereses públicos de la ciudad. El Gobierno local señala específicamente tres ámbitos perjudicados: el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la seguridad y tranquilidad ciudadanas, y el sistema de protección y tutela de los menores migrantes no acompañados que llegaron durante aquella jornada.
Con esta personación, el Ejecutivo ceutí busca, en sus propias palabras, "defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta". La decisión sitúa a la institución como parte activa en el procedimiento judicial abierto en torno a la entrada masiva, uno de los episodios migratorios de mayor magnitud registrados en la ciudad autónoma en los últimos meses.
La causa que instruye la Audiencia Nacional cuenta ya con un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), dependiente de la Policía Nacional, remitido a la jueza instructora, María Tardón. Ese documento concluye que la respuesta de las fuerzas de seguridad marroquíes ante la entrada, en la que llegaron a cruzar entre 75.000 y 85.000 personas según sus cálculos, fue de "total permisividad", sin que se registrara ninguna tentativa seria de dispersión, y describe el episodio como un proceso planificado en varias oleadas y no como un fenómeno espontáneo. El informe descarta, además, que las mafias de tráfico de personas tuvieran capacidad para organizar un movimiento de esa magnitud.
La acusación particular es una figura procesal que permite a quien ha sufrido un perjuicio directo por unos hechos delictivos intervenir en la causa penal con derechos propios, más allá del papel que ya desempeña la Fiscalía. En este caso, el Gobierno de Ceuta ha optado por ejercerla al considerar que la ciudad, como institución y como comunidad, resultó perjudicada por lo ocurrido.
Según explica el Ejecutivo autonómico, la personación permitirá varias cosas de forma simultánea: la defensa de los intereses institucionales de Ceuta ante la Audiencia Nacional, una valoración más precisa de los perjuicios sufridos por la ciudad y sus servicios públicos, y la eventual exigencia de responsabilidades penales y civiles frente a quienes resulten identificados como responsables de los hechos investigados.
El Gobierno de Ceuta no ha concretado, por el momento, un calendario sobre los siguientes pasos procesales, y se limita a confirmar que la personación ya ha sido acordada tras la reunión extraordinaria celebrada este jueves.
