El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), dependiente de la Policía Nacional, ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, instructora de la causa que investiga el asalto masivo a Ceuta de los días 30 y 31 de julio de 2026, un informe en el que concluye que la respuesta policial marroquí ante la entrada irregular de entre 75.000 y 85.000 personas fue "de total permisividad", sin que se registrara "ninguna tentativa seria" de dispersar a la masa de inmigrantes congregada en el perímetro fronterizo del Espigón de El Tarajal. El documento, elaborado a petición del Tribunal Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, describe la crisis migratoria como un "proceso" planificado y no como un fenómeno espontáneo.
El informe, fechado el 26 de agosto de 2026, sostiene que efectivos uniformados de las fuerzas de seguridad marroquíes ofrecieron indicaciones a los inmigrantes para acceder a España a nado por la zona del Espigón, derivando el flujo hacia esa vía en lugar de otros accesos. Los investigadores han identificado además, a partir de vídeos e imágenes de fuentes abiertas, la presencia de personas no uniformadas que actuaban como "agentes dinamizadores", monitorizando y dirigiendo a la masa hacia el punto de entrada, en algunos casos impartiendo instrucciones a los propios agentes marroquíes.
La entrada masiva se produjo el 30 de julio a través de la playa de Castillejos, en territorio marroquí, desde donde los inmigrantes rodeaban a nado o a pie un espigón vallado de unos 60 metros hasta acceder a la zona restringida de la playa de El Tarajal, ya en territorio español. Según el informe, la apertura de una puerta metálica ante la acumulación de personas fue el momento en que "se extiende el mensaje de que se ha abierto la frontera".
A fecha de cierre del informe no existe una cifra oficial de entradas. Las estimaciones oscilan entre las 49.200 personas que recoge el Parte Nacional de Novedades de la Guardia Civil del 31 de julio y las 78.000 que citó el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta el 6 de agosto, pasando por los 72.000 que mencionó el ministro del Interior el 11 de agosto. El propio Cenif sitúa su cálculo estimativo entre 75.000 y 85.000 personas, a partir de imágenes aéreas y satelitales.
El documento atribuye la falta de cifras oficiales al colapso del sistema de control fronterizo, la simultaneidad de entradas y salidas durante el día 31 de julio y la derivación de recursos policiales a labores de rescate de personas en riesgo de ahogamiento. Las cifras oficiales establecen la recuperación de 82 cadáveres en aguas españolas vinculados a la entrada del día 30, mientras que Marruecos ha reconocido oficialmente 14 fallecidos.
Tres oleadas
El informe distingue tres oleadas de entrada a lo largo del 30 y 31 de julio. La primera, hasta las 11:00 horas del día 30, estuvo protagonizada por varones de entre 15 y 25 años, en su mayoría marroquíes, equipados con trajes de neopreno y material de flotación. La segunda oleada, entre las 11:00 y las 22:00 horas, incorporó grupos familiares completos y niños de corta edad, sin equipamiento específico, junto a una presencia creciente de personas de origen subsahariano. La tercera oleada, desde las 22:00 horas del 30 de julio y durante todo el día 31, volvió al perfil de varones jóvenes marroquíes con equipamiento para el cruce a nado.
Según el Cenif, esta secuencia responde a "dos objetivos tácticos claros": primero, saturar la capacidad de respuesta fronteriza hasta provocar su colapso; después, con la llegada de núcleos familiares, mujeres y niños, "eliminar la capacidad de respuesta física" de las fuerzas de seguridad españolas, al desactivar la posibilidad de emplear medios coercitivos.
El informe constata también que la práctica totalidad de quienes entraron regresó a Marruecos de forma voluntaria y casi inmediata, no menos del 90 por ciento, lo que a juicio de los investigadores confirma que la finalidad migratoria "opera solo como una cobertura formal". Entre 5.000 y 10.000 personas, en cambio, permanecían en Ceuta a fecha de cierre del informe sin haber sido retornadas.
Redes sociales
El documento detalla que la convocatoria se difundió primero en redes abiertas como Facebook, Instagram o TikTok, y después en grupos cerrados de WhatsApp con instrucciones operativas sobre cómo organizar el cruce. Los investigadores registraron un pico de 1.974 mensajes el 30 de julio en los grupos monitorizados, un incremento del 3.363% respecto al máximo diario anterior al 28 de julio. El 90,8% de los teléfonos identificados en esos grupos tenían prefijo marroquí.
El informe señala como factores de empuje aprovechados por la convocatoria una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2026, distorsionada en redes con el mensaje de que "si entras nadando, no pueden devolverte", y la coincidencia con la festividad del Día del Trono, celebrada en la cercana localidad de Rincón/M'Diq, que según el Cenif facilitó la percepción de que la frontera había quedado desprotegida por el desvío de efectivos de seguridad a los actos oficiales.
No fueron mafias
Uno de los apartados centrales del informe descarta que las organizaciones criminales de tráfico de personas asentadas en la zona tuvieran capacidad para orquestar un movimiento de estas dimensiones. El Cenif concluye que estos grupos, con capacidad estimada de entre 200 y 300 traslados diarios en conjunto, "nunca han dispuesto de la capacidad de movilización y gestión" para convocar de forma efectiva a más de 75.000 personas, y que no consta "ni una sola referencia" de estas estructuras animando a la movilización.
Sí detecta, en cambio, un aprovechamiento oportunista posterior: organizaciones criminales y particulares con embarcaciones han trasladado a la Península a 148 inmigrantes procedentes de Ceuta entre el 30 de julio y el 19 de agosto, cobrando tarifas medias de 5.000 euros por persona.
El Cenif emitió una primera alerta de riesgo el 29 de julio, un día antes de la entrada, y sucesivas alertas los días 30, 31 de julio y 1 de agosto advirtiendo del riesgo de colapso en Ceuta y Melilla y de posibles traslados a la Península y Canarias. El informe recoge que, para una nueva convocatoria fijada el 15 de agosto, la respuesta de las autoridades marroquíes fue radicalmente distinta: un fuerte despliegue policial y militar impidió el acceso a la valla y se produjeron 294 detenciones, 248 de ellas de personas de origen subsahariano.
El documento concluye que se trata de "un proceso planificado y ejecutado" mediante la coordinación de al menos cinco niveles de actores, con una "autoría intelectual y directiva difusa" que hasta la fecha no ha podido individualizarse, y que sus efectos se proyectan más allá del ámbito migratorio, en los planos institucional, social y geopolítico.
