La diputada local de Coalición por Melilla (CpM) Cecilia González ha registrado una solicitud de documentación y un escrito ante la Intervención General de la Ciudad Autónoma sobre dos actuaciones anunciadas por el Gobierno melillense en materia de inclusión educativa: el contrato de 1.470.588 euros para detectar y atender el absentismo escolar y la pobreza infantil en los colegios de Melilla, y el programa de atención socioeducativa a menores en riesgo de exclusión social, previsto en 13 centros públicos hasta mayo de 2030 y dotado con 916.000 euros.
CpM respalda el objetivo de ambas iniciativas, orientadas a prevenir el abandono educativo y facilitar la integración escolar del alumnado más vulnerable, pero considera que deben desarrollarse con todas las garantías jurídicas, técnicas y educativas.
El planteamiento se apoya en que los centros públicos de Melilla dependen del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que ya cuenta con estructuras propias de orientación e intervención socioeducativa, entre ellas unidades integradas por orientadores y por profesorado de la especialidad de Servicios a la Comunidad. Según CpM, en la documentación conocida no consta convenio ni protocolo con la Dirección Provincial del Ministerio que autorice la entrada de nuevos equipos en los colegios.
González ha señalado que destinar recursos a combatir el absentismo y la pobreza infantil desde edades tempranas le parece "no solo necesario, sino urgente", pero ha añadido que no pueden respaldar que se movilicen más de dos millones de euros en actuaciones que afectan a colegios públicos sin un marco de coordinación previo con quien ostenta la competencia educativa.
CpM ha cuestionado también que un programa de esta sensibilidad descanse únicamente en la contratación externa sin exigir, desde los pliegos, una valoración suficiente del proyecto técnico, la metodología de intervención y los mecanismos de evaluación de resultados.
La formación ha precisado que no pide anular los programas ni perder financiación europea o autonómica, sino una reunión inmediata con el Ministerio, un acuerdo por escrito y una planificación conjunta que evite duplicidades, inseguridad jurídica y descoordinación en los centros.
CpM ha recordado que Melilla mantiene una de las tasas más elevadas de abandono educativo temprano del país y arrastra indicadores preocupantes de pobreza infantil, por lo que considera que cualquier intervención debe apoyarse en un diagnóstico actualizado y en un Plan de Inclusión Social e Infancia vigente, y no en referencias desfasadas como el de 2013-2017.
Por ello, CpM ha reclamado al Gobierno de la Ciudad que convoque una mesa de coordinación con la Dirección Provincial del Ministerio, que revise los pliegos antes de adjudicar para incorporar criterios de calidad y evaluación, y que presente a la Asamblea un nuevo Plan de Inclusión Social e Infancia centrado en los menores vulnerables.
El contrato de 1,47 millones de euros para el equipo especializado en absentismo, según informó este periódico el pasado agosto, prevé actuar en todos los colegios de Melilla, con la apertura de un expediente cuando un alumno acumule un absentismo igual o superior al 15% de los días lectivos de un mes.
