El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinar 3,5 millones de euros a Melilla para financiar programas de interés social, procedentes de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.
La inversión total propuesta por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy para repartir entre las comunidades y ciudades autónomas asciende a 432,8 millones de euros, una cifra que supone un aumento del 15% respecto al año anterior. El reparto afecta a todas las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra, y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Para distribuir los recursos se han aplicado 13 criterios objetivos, entre ellos la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa Arope), la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales y las tasas de envejecimiento y discapacidad. El sistema garantiza, además, un porcentaje fijo para tres territorios: el 1,02% para La Rioja, el 0,80% para Ceuta y el 0,81% para Melilla.
La propuesta de distribución deberá someterse ahora a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Una vez superado ese trámite, será el Gobierno de Melilla el encargado de gestionar su propia convocatoria de subvenciones y de determinar qué entidades pueden acceder a los fondos.
Podrán beneficiarse de estas ayudas las entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan los requisitos que fije la convocatoria de la Ciudad Autónoma. Los fondos están destinados a cubrir necesidades de asistencia social de personas en situación de pobreza, exclusión social o especial vulnerabilidad. En la convocatoria de 2024 se financiaron en toda España más de 10.000 proyectos dirigidos a colectivos como personas con discapacidad, el pueblo gitano, las personas mayores, la infancia o la familia.
El actual sistema de reparto se rige por el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD del 18 de junio de 2021, que establece dos tramos: uno estatal, con el 20% de la recaudación, y otro autonómico, con el 80% restante, que se transfiere a las comunidades de régimen común. Ese acuerdo, que expiraba el pasado mes de junio tras cinco años de vigencia, ha sido prorrogado dos años y medio más, hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que incluye la ejecución de los programas correspondientes al año 2029.
