La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha dejado este jueves dos conclusiones principales. Por un lado, los 25 millones de euros comprometidos por el Gobierno para apoyar a Ceuta llegarán finalmente a la ciudad autónoma, después de que las comunidades participantes hayan respaldado de forma unánime la partida. Por otro, el traslado de menores migrantes a otros territorios continúa generando diferencias entre el Ejecutivo central y varias autonomías.
La aprobación de la ayuda económica se produce casi un mes después de las entradas masivas registradas los días 30 y 31 de julio. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que estos fondos permitirán atender los gastos derivados de la situación de sobreocupación que atraviesa Ceuta. La cuantía podrá emplearse en alojamiento, desplazamientos, alimentación, vestimenta, asistencia jurídica y sanitaria, acompañamiento socioeducativo y servicios de traducción, además de en la identificación y atención de menores especialmente vulnerables.
Rego ha rechazado las críticas por el tiempo empleado en activar la financiación y ha explicado que la aprobación requiere superar diferentes trámites administrativos. En este sentido, ha señalado que los plazos dependen de distintos órganos y que la partida debe pasar por el Consejo de Ministros y por la propia Conferencia Sectorial.
El traslado continúa sin acuerdo
Mientras la financiación ha recibido el respaldo de las comunidades presentes, el reparto territorial de los menores continúa siendo el principal punto de conflicto. La ministra ha insistido en que los traslados son necesarios para aliviar la presión que soporta Ceuta, aunque ha reconocido que el procedimiento todavía se encuentra en una fase inicial.
Actualmente se está completando la filiación de los menores llegados a la ciudad autónoma. Después se realizarán entrevistas individualizadas para conocer la situación de cada uno. Los primeros expedientes ya están en tramitación y, una vez finalizados, serán remitidos a Marruecos para intentar determinar las circunstancias familiares de los menores.
La colaboración del país vecino, sin embargo, no está siendo fluida. Rego ha indicado que Marruecos mantiene pendientes 600 expedientes correspondientes a menores que llegaron antes del 30 de julio y que todavía no han recibido respuesta para acreditar su situación familiar.
La ministra ha subrayado que la primera alternativa debe ser la reagrupación familiar, aunque ha advertido de que en la mayoría de los casos no existe posibilidad de retorno. Ante esta realidad, ha defendido que corresponde a las instituciones garantizar la acogida y atención de estos niños.
Propuesta para trasladar a 500 niñas
Durante la reunión también se ha planteado una alternativa para reducir la presión sobre el sistema de protección ceutí: trasladar inicialmente a 500 niñas que permanecen acogidas en la ciudad a recursos privados gestionados por entidades especializadas en protección de la infancia en la península. La tutela continuaría correspondiendo a Ceuta.
Según el Ministerio, la cifra responde a la disponibilidad actual de plazas en estos recursos y permitiría realizar los traslados sin restar capacidad a los sistemas públicos de acogida de las comunidades autónomas. Rego ha recalcado que la decisión corresponde ahora al Gobierno ceutí y ha asegurado que el Ejecutivo central asumirá el coste económico.
La reunión se ha celebrado con la ausencia de Aragón, Extremadura y Castilla y León, las tres comunidades en las que Vox tiene las competencias sobre menores. Estas autonomías habían comunicado previamente su rechazo a cualquier traslado de menores desde Ceuta hacia otros puntos del territorio nacional y habían pedido que su posición quedara reflejada en el acta.
Diferencias entre las comunidades
La Comunidad de Madrid ha mantenido una postura contraria a nuevos repartos. Su consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha rechazado que los menores de Ceuta sean distribuidos entre las comunidades y ha defendido su retorno con sus familias. También ha considerado insuficientes los 25 millones de euros aprobados.
Canarias ha expresado igualmente sus dudas sobre la cantidad destinada a Ceuta. Su consejera, Candelaria Delgado, ha reclamado una mayor financiación y ha planteado incluso que algunos menores puedan ser trasladados a otros Estados de la Unión Europea. Rego ha defendido ante esta propuesta una respuesta común de los países europeos y ha recordado que muchos de los migrantes que llegan a España no tienen el país como destino final.
Cataluña, por su parte, tampoco ha confirmado si participará en futuros traslados. Su consejero de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, ha señalado que la Generalitat estudiará la situación cuando llegue el momento. Ha recordado que Cataluña atiende actualmente a más de 2.000 menores y a más de 4.000 jóvenes de entre 18 y 23 años, por lo que considera que su sistema se encuentra ajustado a sus necesidades.
Las declaraciones del consejero catalán se producen después de que Junts haya reclamado en el Congreso la delegación de las competencias en inmigración a Cataluña y haya advertido de que podría retirar su apoyo a iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez si la comunidad acaba acogiendo a menores procedentes de Ceuta.
Pese a las diferencias, fuentes ministeriales han destacado que el ambiente de la reunión ha sido más constructivo que en encuentros anteriores. El Gobierno confía en que puedan alcanzarse acuerdos bilaterales entre Ceuta y otras comunidades, así como mediante entidades especializadas, para avanzar en los traslados y aliviar la situación de la ciudad autónoma.
