El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 3 de septiembre en un pleno extraordinario del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo ante la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio, según informaron este miércoles fuentes parlamentarias a EFE.
Sánchez solicitó este miércoles a primera hora su comparecencia y planteó inicialmente que se celebrara el día 9 de septiembre, coincidiendo con el primer pleno del periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, la Junta de Portavoces del Congreso decidió finalmente que el presidente acuda a la cámara una semana antes, ante la presión de varios grupos parlamentarios que consideraban esa fecha demasiado tardía.
El PNV fue uno de los partidos que reclamó con más insistencia un adelanto. Fuentes del grupo vasco señalaron que comunicaron al Gobierno que la comparecencia debía ser "de forma inmediata y en pleno extraordinario". En Junts tampoco entendían que Sánchez tardara más de un mes en dar explicaciones, y Podemos trasladó al Ejecutivo que era "lamentable" proponer el día 9.
La líder de Podemos, Ione Belarra, consideró que Sánchez tendría que haber interrumpido sus vacaciones ante la magnitud de la crisis, opinión que compartió el diputado de Compromís en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, quien estimó que la comparecencia llega "muy tarde". La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, sin embargo, no puso pegas a la fecha: tanto el 9 como el 3 de septiembre le parecían aceptables, ya que lo importante era que el presidente compareciera.
Desde el PP, su portavoz, Ester Muñoz, recordó que su partido lleva semanas reclamando esa comparecencia. "Va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones", declaró a los periodistas. Tanto Muñoz como la portavoz de Vox, Pepa Millán, criticaron que Sánchez no interrumpiera sus vacaciones, y ambas recordaron informaciones que señalan que, tras el Consejo de Ministros del martes, el presidente viajó a Andorra.
Millán fue especialmente dura en sus declaraciones. Dejó claro que su formación no espera "nada" de la comparecencia de "un traidor que está abandonando a los ceutíes" y afirmó que trabajarán "para que este Gobierno responda ante la justicia y ante la historia".
El Gobierno registró la petición pocas horas antes de que la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ordena el trabajo parlamentario fuera del periodo ordinario de sesiones, debatiera y votara las peticiones del PP para que Sánchez y sus ministros acudieran de forma urgente.
En paralelo a la fijación de la fecha de la comparecencia, el Gobierno mantiene abierta la controversia sobre si los servicios de inteligencia alertaron con antelación de la magnitud de la crisis. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, respaldó este miércoles la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asegura que ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta como la que se produjo a finales de julio.
Marlaska respondió así a las afirmaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien había asegurado en el Congreso que el CNI informó a las fuerzas de seguridad sobre la situación en Ceuta. "Se reporta todos los días la situación. Había habido un aumento de unas 1.000 personas en siete días, pero en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas a Ceuta", afirmó Torres en una entrevista en la Cadena Ser.
Torres, que ha asumido la dirección del mando único para la crisis, se alineó así con la versión que Marlaska ofreció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde subrayó que no existió ningún informe que "atisbara" la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio. "Si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, la actuación tendría que haber sido otra", señaló Torres.
El director del mando único para la crisis en Ceuta indicó además que no se conoce "con exactitud" el número total de personas que permanecen en la ciudad autónoma, al no estar todas filiadas. Precisó, no obstante, que hay 1.410 menores contabilizados hasta el momento, aunque quedan más pendientes de filiación.
