El Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, anunciado por el Gobierno en mayo de 2021 tras la primera entrada masiva de migrantes por el Tarajal, sigue sin contenido casi cinco años después, según ha revelado El Periódico. La iniciativa quedó estancada en comisiones interministeriales mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez reorientaba su relación con Marruecos, marcada por el giro sobre el Sáhara Occidental en 2022 y sucesivas cumbres bilaterales.
El plan nació el 27 de mayo de 2021, cuando Iván Redondo, entonces director del Gabinete de Presidencia, anunció ante la Comisión Mixta de Seguridad de las Cortes la elaboración de un plan global de seguridad para ambas ciudades, dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada a finales de ese año. Tras el cese de Redondo en julio de 2021, la iniciativa quedó sin impulso político, aunque siguió recogida en el documento oficial, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2021.
No fue hasta el 30 de junio de 2022, seis días después de la tragedia en la valla de Melilla que dejó decenas de muertos, cuando el Comité de Situación de Seguridad Nacional, presidido por Félix Bolaños, aprobó crear un grupo de trabajo para desarrollar el plan. Sin embargo, ese mismo periodo coincidió con dos hitos que marcaron un cambio de rumbo en la política exterior española: la carta de Pedro Sánchez reconociendo la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, en marzo de 2022, y su viaje a Rabat en abril para firmar una declaración conjunta con Mohamed VI.
Mientras el grupo de trabajo perdía fuelle en reuniones interministeriales con participación de Interior, Defensa, Exteriores, el CNI, Sanidad y Transportes, el Gobierno preparaba en paralelo una Reunión de Alto Nivel con Marruecos celebrada en febrero de 2023, en la que Sánchez y once ministros firmaron veinte acuerdos con Rabat.
En marzo de 2024, el Ejecutivo respondió a una pregunta del PP en el Senado que el plan estaba previsto para "comenzar a trabajar sobre objetivos estratégicos". Un año después, en abril de 2025, el Gobierno admitió en el Congreso que la iniciativa continuaba "en proceso de elaboración". El borrador nunca ha llegado a elevarse al Comité de Situación.
Entre las medidas que se llegaron a considerar figuraban el control de mezquitas e imanes financiados por Marruecos, censos demográficos fiables en barrios como El Príncipe, en Ceuta, y la garantía de suministro de agua, alimentos y productos sanitarios ante posibles crisis fronterizas. También se identificaron vulnerabilidades, clasificadas como secretas, en infraestructuras críticas como el puerto de Ceuta y el aeropuerto de Melilla, cuyas rutas de aproximación dependen del espacio aéreo marroquí.
Un diplomático con experiencia en relaciones exteriores de defensa, citado por El Periódico, resume el cambio de prioridades: de blindar ambas ciudades frente a estrategias híbridas se pasó a priorizar la recomposición del vínculo con Marruecos.
