El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha realizado un balance crítico de la gestión de la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta y Melilla. Su responsable, Jesús Ruiz Barranco, considera que la respuesta del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía no ha estado a la altura de la situación vivida durante las últimas semanas y sostiene que los acontecimientos podían haberse previsto con mayor antelación.
En declaraciones a El Faro de Melilla, Ruiz Barranco ha defendido que el sindicato había advertido previamente del incremento de entradas irregulares y ha asegurado que la reacción de la Administración llegó tarde. Además, ha cuestionado la utilidad de las nuevas barreras instaladas en la frontera marítima y ha insistido en que los actuales procedimientos de extranjería ralentizan cualquier intento de expulsión de quienes acceden de manera irregular.
El SUP habla de una respuesta insuficiente
Según explica Ruiz Barranco, desde finales de julio el sindicato considera que la actuación del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía ha estado marcada por la improvisación.
En su opinión, los acontecimientos que se han producido en las fronteras de Ceuta y Melilla podían anticiparse. El responsable sindical asegura que el SUP trasladó con suficiente antelación sus advertencias sobre un posible aumento de las entradas irregulares, al considerar que existían indicios de que la presión migratoria iba a incrementarse.
Ruiz Barranco sostiene que las jefaturas superiores de Policía de ambas ciudades ya venían informando de un crecimiento de las entradas desde el 19 de julio, información que, según afirma, también conocía el Ministerio del Interior.
El representante del sindicato considera que, pese a disponer de ese conocimiento previo, no se adoptaron las medidas necesarias para responder con mayor rapidez a la situación.
Diferencias entre Ceuta y Melilla
Durante la entrevista, Ruiz Barranco diferencia la situación que atraviesan ambas ciudades autónomas. Aunque reconoce que Melilla también ha registrado un aumento de las entradas irregulares, sostiene que el escenario es especialmente complejo en Ceuta.
Según explica, en Melilla las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno apuntan a unas 1.500 entradas durante este periodo, mientras que afirma que la situación ceutí presenta una mayor dificultad debido al elevado número de personas que permanecen actualmente en la ciudad.
El dirigente sindical asegura que la presencia de miles de inmigrantes supone un reto para la convivencia y para la gestión de los recursos disponibles, una circunstancia que, a su juicio, convierte la situación de Ceuta en especialmente delicada.
Asimismo, sostiene que no se están ofreciendo datos completos sobre el volumen total de entradas registradas en ambas ciudades durante estas semanas.
Críticas a la barrera marítima
Otro de los aspectos abordados por el responsable del SUP ha sido la instalación de la barrera flotante colocada en la frontera marítima.
Ruiz Barranco considera que esta infraestructura no impide realmente las entradas por vía marítima y sostiene que su finalidad principal sería facilitar la aplicación del rechazo en frontera.
No obstante, manifiesta sus dudas sobre la eficacia de esta medida y asegura que la propia Administración ya habría planteado la posibilidad de retirarla.
En este sentido, explica que la barrera consiste en una estructura flotante acompañada por una malla que se extiende varios metros bajo el agua para dificultar el paso por debajo de ella.
Aun así, sostiene que quienes consiguen superar ese obstáculo ya no pueden ser objeto del procedimiento de rechazo en frontera y deben ser sometidos al procedimiento ordinario previsto en la legislación de extranjería.
Los procedimientos administrativos ralentizan la gestión
El responsable sindical insiste en que uno de los principales problemas radica en la complejidad de los procedimientos administrativos que deben seguirse una vez que una persona ha accedido de manera irregular.
Según explica, quienes llegan a nado deben ser identificados y se inicia un expediente administrativo de expulsión, un proceso que define como largo y complejo.
Ruiz Barranco asegura que el sindicato ya había solicitado un incremento de medios humanos para afrontar este aumento extraordinario de trabajo derivado de las entradas por vía marítima.
A su juicio, las plantillas actuales no disponen de suficientes efectivos para asumir la carga administrativa que generan estos procedimientos, especialmente cuando el número de llegadas aumenta de forma considerable.
Además, señala que entre las personas que han accedido a Melilla también se encuentran menores de edad, lo que añade nuevos trámites a la gestión policial.
Identificaciones individualizadas
Durante la entrevista, Ruiz Barranco también hace referencia a los procedimientos de identificación que actualmente se aplican a quienes llegan de forma irregular.
Explica que las personas son sometidas a entrevistas individualizadas con el objetivo de conocer su identidad, procedencia y situación personal antes de determinar el procedimiento que corresponde en cada caso.
Según indica, estas actuaciones forman parte de los protocolos que deben seguir los agentes y requieren una importante dedicación de tiempo y recursos humanos.
El representante sindical considera que este sistema, unido al resto de trámites administrativos, ralentiza aún más la gestión de las entradas irregulares.
Asimismo, recuerda que los expedientes de expulsión deben completarse administrativamente y ser posteriormente firmados por la Delegación del Gobierno correspondiente.
El SUP reclama más medios
Ruiz Barranco insiste en que la principal demanda del sindicato pasa por reforzar los recursos humanos destinados a extranjería.
A su juicio, el incremento de llegadas registrado durante las últimas semanas obliga a disponer de más agentes para asumir tanto las labores de identificación como la tramitación de los expedientes administrativos.
El dirigente sindical sostiene que esta petición ya había sido trasladada antes de que se produjera el aumento de entradas, aunque asegura que no fue atendida.
En consecuencia, considera que los efectivos policiales han tenido que hacer frente a una situación extraordinaria con medios insuficientes.
Dudas sobre las expulsiones
El responsable del SUP también ha mostrado sus dudas sobre la aplicación efectiva de las expulsiones anunciadas por el Gobierno.
Según afirma, aunque desde el Ejecutivo se ha manifestado públicamente la intención de expulsar a quienes hayan accedido irregularmente, asegura que, por el momento, esas expulsiones no se están materializando de forma generalizada.
Ruiz Barranco señala que únicamente podrían producirse expulsiones en determinados casos relacionados con la comisión de delitos, mientras que el resto de procedimientos continúan sujetos a la tramitación administrativa prevista en la legislación de extranjería.
A su juicio, esta situación prolonga la permanencia de las personas que han accedido irregularmente y dificulta la gestión tanto para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como para las administraciones implicadas.
El representante sindical concluye que la combinación de un aumento de las entradas, la falta de medios y la duración de los procedimientos administrativos configura un escenario complejo para la gestión de la inmigración irregular tanto en Ceuta como en Melilla.
