La Central Independiente y de Funcionarios (CSIF) del sector de Administración Local ha denunciado la falta de avances por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla para reubicar al personal de la Consejería de Políticas Sociales, que continúa trabajando en el edificio de la calle Carlos Ramírez de Arellano a pesar de las deficiencias que arrastra desde hace años.
El sindicato recuerda que ya ha denunciado, tanto públicamente como ante la Inspección de Trabajo, el incumplimiento de la normativa de incendios, los malos olores procedentes de las cañerías y las humedades y filtraciones que provocan moho y óxido en las vigas del inmueble. Estas deficiencias, según CSIF, están recogidas en informes del propio Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la Ciudad Autónoma.
CSIF señala que, tras las movilizaciones de la plantilla y la denuncia ante la Inspección de Trabajo, la Administración anunció en marzo que el traslado sería inmediato y que ya contaba con un inmueble localizado para la reubicación. Ese anuncio coincidió con la concentración celebrada el 16 de marzo frente al propio edificio, en la que trabajadores y trabajadoras alertaron de que el inmueble debía haber sido clausurado en 2022. En aquellas dependencias trabajan alrededor de 60 personas, a las que se suma la presencia habitual de ciudadanos que acuden a la Consejería para realizar gestiones.
Varios meses después, los empleados siguen prestando servicio en las mismas instalaciones sin que se conozca una fecha para el traslado. El sindicato muestra además su preocupación por la lentitud de la Inspección de Trabajo, que cinco meses después de la denuncia presentada por los sindicatos de la ciudad no ha adoptado, a su juicio, medidas suficientes para afrontar los problemas existentes en el inmueble.
Entre las actuaciones puestas en marcha por la Consejería, CSIF cita la instalación de un botiquín, la colocación de carteles de señalización ante un posible incendio y un curso de dos horas de Prevención de Riesgos Laborales dirigido a los trabajadores. El sindicato considera estas medidas insuficientes, ya que no resuelven las deficiencias estructurales y de seguridad que viene denunciando desde hace tiempo.
CSIF subraya que la situación no afecta solo a la plantilla, sino también a los ciudadanos que acuden a estas dependencias a realizar gestiones. Por ello, exige a la Ciudad Autónoma que cumpla el compromiso anunciado en marzo y proceda sin más demora a la reubicación del personal. El sindicato advierte de que, si no se producen avances concretos, los sindicatos y trabajadores retomarán las movilizaciones en septiembre.
