La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla sospecha, en un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, que subvenciones concedidas por la empresa pública Promesa sirvieron como fórmula de financiación para la compra de votos en las elecciones de 2023 por parte de Coalición por Melilla (CpM). Según el documento, buena parte de esas ayudas fueron a parar a personas físicas y jurídicas que, en su mayoría, contaban con antecedentes policiales, muchas de ellas por tráfico de droga, razón por la que los investigadores califican de "inverosímil" que tuvieran una actividad empresarial merecedora de subvención. De ahí que el informe plantee que ese dinero pudiera tener por objeto sufragar tareas encomendadas dentro del "entramado criminal" investigado.
El informe, fechado el 24 de abril de 2023, se elaboró a partir de documentación y listados de teléfonos aportados por dos fuentes confidenciales entre el 29 de marzo y el 16 de abril de ese año, en el contexto de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. A partir de ese material, la Udef plantea cinco líneas de sospecha: una posible financiación ilegal del partido con fondos procedentes de Marruecos; el uso de dinero de contratos públicos para pagar votos; un precio de entre 100 y 150 euros por voto; la repetición de un patrón ya utilizado en las elecciones de 2019; y la calificación de toda la operativa como propia de una organización criminal.
El documento describe una presunta estructura jerárquica, con un líder operativo identificado por alias que manejaría los fondos, un lugarteniente y varios colaboradores encargados de recoger, almacenar y trasladar los sobres de voto por correo hasta la oficina de Correos. La Udef contrastó con sus bases de datos una lista de nombres, alias y números de teléfono aportada por los informantes.
Sobre las subvenciones, el informe detalla que las ayudas concedidas por la Ciudad Autónoma, algunas gestionadas por Promesa, a varias de las personas señaladas en el listado suman un importe total de 256.157,56 euros. Los investigadores destacan que estas cantidades no figuran en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, lo que consideran un incumplimiento del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones. Es precisamente el perfil de varios de los beneficiarios, con antecedentes policiales, el que lleva a los agentes a poner en duda que respondieran a una actividad empresarial real.
El documento detalla también dos mercantiles señaladas como vinculadas a la trama que recibieron contratación pública de la Ciudad Autónoma por vía de contrato menor y mayor. Una de ellas superó los 2,3 millones de euros y la otra los 12,5 millones de euros a lo largo de varios años. El informe incluye además un listado adicional de otras empresas calificadas como "susceptibles de investigación posterior".
Según el relato del informante recogido en el atestado, la mecánica utilizada en los comicios habría consistido en la recogida de sobres en domicilios y comercios, el pago en efectivo por cada sobre entregado y la organización por equipos con un responsable al frente de cada grupo. El informe añade el transporte gratuito a los colegios mediante taxistas afines y previo pago de 500 euros, la presión a votantes de edad avanzada en las propias sedes electorales, el uso de credenciales de interventores no acreditadas por la Junta Electoral y un software no autorizado que permitiría conocer la mesa electoral de cada votante a partir de su DNI.
La Udef recoge en su informe los partes de vigilancia policial realizada en la sede de Correos de Melilla entre el 4 y el 12 de abril de 2023. Los agentes registraron una afluencia inusual de personas jóvenes solicitando el voto por correo, así como la presencia de personas ayudando o controlando esas solicitudes. Se realizaron grabaciones y fotografías del interior de la oficina y se recogieron testimonios de vigilantes de seguridad y empleados de Correos que hablaron de un pago habitual a cambio del voto. El expediente incorpora una anotación manuscrita de un agente que reza "100 euros por voto por correo", además del testimonio del director de la oficina sobre el elevado volumen diario de solicitudes registrado en esos días.
El informe cita también varias denuncias previas y coetáneas relacionadas con la trama: una agresión vinculada a un presunto intento de compra de voto, una denuncia por amenazas a un votante y varios atestados por presunta extorsión a empresarios y trabajadores en obras adjudicadas por la Ciudad Autónoma.
Como contexto estadístico, el documento aporta datos históricos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el porcentaje de voto por correo en Melilla frente a la media nacional en las elecciones de 2007, 2008, 2011, 2015 y 2019 (locales y generales). Según estos datos, Melilla ha registrado sistemáticamente porcentajes varias veces superiores a la media española, llegando a sobrepasar el 10% frente a un 1-2% a nivel nacional. El informe recuerda asimismo que el líder de CpM, Mustafa Aberchan, fue condenado en el pasado por delitos electorales relacionados con el voto por correo en los comicios de 2008.
Los investigadores concluyen que existen indicios de una organización criminal estructurada, con reparto de tareas, jerarquía y continuidad temporal desde 2019, orientada a la compra masiva de voto por correo en favor de CpM.
El documento se remitió al juzgado como diligencias preliminares, mientras continuaba el operativo policial en el entorno de la oficina de Correos.
