Coalición por Melilla ha reclamado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que remita al juzgado toda la documentación relativa a la denominada ‘Operación Valenzuela’, en el marco de unas diligencias judiciales en curso.
En un comunicado, la formación sostiene que no se trata de rumores, sino de un informe oficial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el que se menciona el hallazgo de un documento manuscrito titulado ‘Operación Valenzuela’, vinculado a la gestión de los terrenos del antiguo Cuartel de Valenzuela y del actual Parque Murias.
Además, el comunicado alude a la decisión de la autoridad judicial de deducir testimonio de los hechos e incorporarlos a las Diligencias Previas 29/23, lo que, según CpM, confirma que el asunto ha adquirido relevancia procesal y ha superado el ámbito meramente informativo o periodístico.
Coalición por Melilla considera que, ante la existencia de estas actuaciones, el Gobierno debe facilitar de forma inmediata y transparente los expedientes relacionados con la cesión o adquisición de los terrenos, la modificación del PGOU, las subastas o adjudicaciones, las licencias urbanísticas y la liquidación del IPSI, así como los informes de Intervención, Tesorería y Gestión Tributaria.
El partido añade que la ciudadanía tiene derecho a conocer si pudo existir perjuicio para las arcas públicas, si la liquidación del IPSI fue correcta y si existieron movimientos financieros vinculados a la operación, incluso fuera del territorio nacional, aunque estas afirmaciones no han sido acreditadas judicialmente.
Asimismo, CpM defiende que la mejor forma de preservar la honorabilidad de las instituciones es colaborar con la Justicia y entregar toda la documentación requerida, evitando, según su criterio, interpretaciones políticas o confrontaciones públicas sobre el caso.
Por todo ello, la formación insiste en que el Ejecutivo local debe tratar el asunto como una cuestión de transparencia y legalidad en el marco de una investigación judicial que continúa abierta.
El partido subraya también la necesidad de que cualquier aclaración institucional se produzca con total celeridad y máxima colaboración con el juzgado instructor, con el fin de garantizar la confianza ciudadana en el funcionamiento de la administración pública y en el correcto uso de los recursos de la Ciudad Autónoma.
