El Gobierno popular contesta que el Real Decreto, que amplía la bonificación a las cuotas patronales, no exige ni obliga a ningún reparto con los trabajadores. El Gobierno central ha afirmado que no sancionará a los empresarios de Melilla y Ceuta que no repartan la bonificiación a las cuotas de la Seguridad Social con los trabajadores con la suspensión de dicha bonificación. Además, añade que el Real Decreto que regula éstas no obliga en ningún momento a los empresarios a repartir la bonificación con sus empleados. La Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios contestó así a la pregunta escrita que el diputado socialista Antonio Hernando presentó el pasado 1 de marzo en la Mesa del Congreso de los Diputados.
En ella exponía la confrontación entre sindicatos y patronal sobre el reparto, antes de que ambas partes llegaran a un preacuerdo el pasado día 5 de mayo, y la negativa de los representantes de los empresarios en Melilla, la CEME, a aplicar el espíritu que esta norma tuvo en el año 2004, cuando se comenzó a bonificar la cuota patronal. Por ello, Hernando preguntó si el Gobierno de la Nación tenía pensado “suspender la aplicación de esta bonificación a aquellas empresas que no abonen el complemento pactado a sus trabajadores”.
La respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy es contundente, negando que el Real Decreto obligue a los empresarios a este reparto y que se suspenda la bonificación de no hacerlo: “Resulta preciso indicar que en la normativa reguladora en materia de bonificaciones no se contempla ningún requisito que se refiera a la obligación de hacer efectivo algún complemento, cuyo no abono suponga la suspensión de la aplicación de la bonificación a las empresas incumplidoras”.
Además, el Gobierno central dice desconocer el acuerdo alcanzado entre empresarios y sindicatos tanto en Ceuta, firmado el pasado mes de enero, como el de Melilla, donde únicamente se ha alcanzado un preacuerdo sin desarrollar y formalizar áun. “Se desconoce qué exigencia –esto es, el acuerdo de reparto–, relacionada con la citada bonificación se está refiriendo lo planteado en la pregunta parlamentaria”.
Por último, el Ejecutivo popular únicamente contempla la vulneración de la “normativa laboral” como premisa para retirar la bonificación a los empresarios. “En cualquier caso, si existiese algún incumplimiento de la normativa laboral al respecto por las empresas, se puede instar, tanto por los interesados como por las administraciones conocedoras de dicha situación, ante los organismos competentes en la inspección y control de dicha normativa, para que éstos realicen las actuaciones pertinentes, pudiendo, en su caso, imponerse sanciones que conlleven a la pérdida del derecho a los incentivos en general, y entre ellos a las bonificaciones objeto de esta consulta”.
