Nueva Melilla ha denunciado que las últimas convocatorias de promoción interna de la Ciudad Autónoma excluyen de facto al personal laboral fijo al exigir la condición de funcionario de carrera, impidiendo el desarrollo profesional de más de 300 empleados que llevan años prestando servicios esenciales en la Administración local.
El partido, registrado oficialmente por el Ministerio del Interior el pasado 11 de junio, considera que la situación es "profundamente injusta y políticamente inaceptable", ya que el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce expresamente al personal laboral su derecho a la promoción profesional. A su juicio, el Gobierno de la Ciudad utiliza las bases de las convocatorias para consolidar desigualdades estructurales sin ofrecer ninguna justificación seria.
La formación pone el foco en el contraste con Ceuta, donde la administración autonómica ha avanzado en la negociación de un proceso de funcionarización del personal laboral fijo susceptible, con delimitación de puestos y acuerdo político-sindical. "Ceuta se mueve y Melilla bloquea. Ceuta planifica y Melilla improvisa. Ceuta afronta el problema y Melilla lo cronifica", señala el comunicado.
Frente a esta situación, Nueva Melilla exige al Ejecutivo local cinco medidas inmediatas: la revisión de las bases que excluyen al personal laboral fijo; la publicación de un informe jurídico sobre la viabilidad de la promoción cruzada y de posibles procesos de funcionarización; la identificación de los puestos que deben reservarse a personal funcionario; la apertura urgente de una mesa de negociación sindical; y la remisión a la Asamblea de un calendario concreto para corregir la situación.
La formación advierte de que cada convocatoria cerrada y cada informe no publicado agravan un problema "jurídico, laboral y también político", y que si el Gobierno no rectifica estará demostrando que su modelo de gestión del personal se basa en "la inercia y el castigo silencioso" a una parte de su propia plantilla. Nueva Melilla subraya que los más de 300 afectados no reclaman ningún privilegio, sino "igualdad de trato, respeto profesional y seguridad jurídica".
