El diputado de Coalición por Melilla (CpM), Emilio Guerra, ha señalado que atribuir en exclusiva al Gobierno central tanto el récord del precio de la vivienda en Melilla, situado en 2.162 euros el metro cuadrado según datos del Ministerio de Vivienda, como el encarecimiento del coste de la vida y el aumento de la pobreza, responde a lo que ha calificado como una “narrativa coordinada” por parte del Partido Popular local para eludir responsabilidades propias.
Guerra ha cuestionado que el Gobierno de la Ciudad Autónoma, presidido por Juan José Imbroda, vincule el grave problema de acceso a la vivienda únicamente a la acción del Ejecutivo central, cuando, según ha defendido, la propia comunidad gobernada por el Partido Popular en Madrid registra precios más elevados, con 4.075 euros el metro cuadrado, lo que, a su juicio, evidencia la complejidad del mercado inmobiliario y la existencia de factores múltiples.
El diputado de CpM ha recordado que la Ciudad Autónoma dispone de competencias directas en materia de urbanismo, planeamiento, gestión del suelo, patrimonio público, licencias, rehabilitación y promoción residencial. En este sentido, ha planteado qué medidas estructurales se han impulsado en los últimos años para incrementar la oferta de vivienda asequible en Melilla, al considerar que esta es una de las principales carencias del sistema local de vivienda.
Asimismo, ha señalado la existencia del IPSI como una herramienta fiscal en manos de la Asamblea, en la que el Partido Popular cuenta con mayoría. Según ha expuesto, los gravámenes complementarios sobre carburantes y tabaco podrían utilizarse para aliviar la cesta de la compra de los ciudadanos, algo que, según su valoración, no se ha aplicado pese a las quejas sobre el coste de la vida.
Emilio Guerra ha afirmado también que el uso de indicadores como el aumento de la pobreza o la pérdida de poder adquisitivo por parte del Gobierno local se dirige exclusivamente contra el Gobierno de España, sin reconocer, según sus palabras, la contribución de la falta de políticas locales eficaces en materia de vivienda y desarrollo económico en el deterioro de las condiciones de vida de los melillenses.
En su análisis, el diputado de CpM ha señalado que la pobreza en Melilla es de carácter estructural y crónico, anterior al actual Gobierno estatal y acumulada durante años de gestión local del Partido Popular. Ha relacionado esta situación con el cierre de la frontera en 2018, con un modelo económico que considera agotado y con un elevado paro juvenil que, según ha indicado, no ha sido corregido.
Desde Coalición por Melilla, formación a la que pertenece, Guerra ha defendido que todas las administraciones deben asumir su parte de responsabilidad en la situación actual. En este sentido, ha considerado que el Gobierno de España debe incrementar la inversión pública en vivienda y reforzar los programas de construcción y rehabilitación, pero ha subrayado que la Ciudad Autónoma también debe ejercer plenamente sus competencias y abandonar la política de confrontación permanente.
El diputado ha criticado la práctica inexistencia de un parque público de vivienda suficiente en la ciudad, así como la ausencia de una estrategia sostenida de promoción de vivienda protegida, lo que, a su juicio, agrava la presión sobre el mercado libre. Ha añadido que los costes administrativos y los tiempos de tramitación de licencias urbanísticas en Melilla continúan siendo un factor que desincentiva la iniciativa privada y limita la capacidad de respuesta ante la demanda.
Finalmente, Emilio Guerra ha considerado que responsabilizar únicamente al Estado de la situación supone una simplificación que impide abordar soluciones reales adaptadas a la singularidad de Melilla, un territorio con limitaciones físicas, un mercado reducido y una fuerte dependencia de la acción pública, según ha concluido.
