El Ejecutivo local considera que no existen motivos para ello y afirma que el jurista que denunció presuntas irregularidades era “un trabajador despechado”.
El principal debate político que tuvo lugar ayer en el Pleno Ordinario fue el concerniente a la creación de una comisión para investigar una presunta trama de corrupción para facilitar a ciertas personas el acceso a puestos de trabajo de carácter público. Esta iniciativa fue rechaza con los votos en contra del Grupo Popular. No en vano, el asunto suscitó un acalorado intercambio de pareceres entre la bancada del Gobierno local y la de la oposición.
Hay que recordar que estas supuestas maniobras realizadas desde la Ciudad Autónoma fueron denunciadas por un miembro del gabinete jurídico de la Administración local, quien afirmó en un escrito hecho público en enero de este año, que se estaba realizando “un uso instrumental” de este servicio en los Juzgados y que incluso se perdían juicios “de manera deliberada”, muchos de ellos con el objetivo de “crear una vía de acceso a puestos de trabajo públicos”
El primero en intervenir fue el portavoz de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, quien afirmó que el Ejecutivo autonómico tenía la obligación de fiscalizar lo que estaba ocurriendo en el seno de la Ciudad Autónoma y comprobar si lo que se denunciaba era cierto.
Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Dionisio Muñoz, quien fue el que con más énfasis criticó al Gobierno local por esta cuestión el pasado mes de enero, recalcó que la creación de una comisión no tenía por objetivo juzgar a nadie, sino esclarecer lo que había ocurrido. Por ello, consideró que si el Ejecutivo de Juan José Imbroda estaba convencido de que todo se había realizado de acuerdo a la legislación vigente, no tenía motivos para rechazar que se profundizara en este asunto.
“Tienen la obligación moral de dar la cara para explicar esta cuestión. Se está afirmando que se han hecho puestos de trabajo a la medida, por pura connivencia. La Ciudad Autónoma no puede esconderse en un tema como éste, debe dar la cara y ofrecer a los melillenses información sobre lo que ha ocurrido”, aseveró el dirigente socialista.
Fue el portavoz del Grupo Popular, Daniel Conesa, quien dio respuesta a las críticas de PPL y PSOE. Según sus palabras, el jurista que redactó la carta de denuncia “actuó por despecho”, pues con anterioridad se le había expedientado por una cuestión que el dirigente del Ejecutivo local consideró que no venía al caso. Asimismo, recordó que días después de hacerse público este escrito, los letrados de la Ciudad Autónoma contestaron en una misiva que todo lo afirmado era falso.
“Todo esto no es más que una historia montada por los socialista”, agregó el portavoz popular, quien recalcó que el denunciante tiene “una relación profesional muy estrecha con el PSOE de Melilla”.
“En los mundos de Yupi”
Los argumentos de Conesa no convencieron a Liarte, quien afirmó que el portavoz del Grupo Popular “vive en los mundos de Yupi”. En su opinión, la carta donde los letrados rechazan las declaraciones de su antiguo compañero era un documento ‘inventado’ por el Ejecutivo autonómico. “A nosotros nos vale la afirmación realizada por esta persona. Reitero que si no tienen nada que ocultar deberían crear esta comisión. Tienen una oportunidad inmejorable de dejar a los miembros de la oposición como unos descerebrados”, ironizó.
Poco más añadió el dirigente socialista en su segundo turno de palabra, tan sólo que si desde el Gobierno local creían que se había manchado el buen nombre de la Ciudad Autónoma deberían “limpiarlo” fiscalizando lo que había ocurrido en realidad.
Por su parte, el líder de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, optó por participar en el último turno correspondiente a su grupo. En su opinión, las acusaciones vertidas son de tal gravedad que sería necesario dejar sobre la mesa la creación de la comisión y denunciar esta cuestión en el Juzgado.
Por último, intervino el vicepresidente del Gobierno local, Miguel Marín, quien acusó al PSOE de “mezclar cuestiones” y airear falsas acusaciones sin hacer ningún caso de los informes que indican que las denuncias realizadas son inciertas.
A la hora de las votaciones, los cepemistas fueron los únicos que se posicionaron a favor de dejar el asunto sobre la mesa. En cuanto a la creación de la comisión de investigación, fue rechazada con los votos del Grupo Popular, mientras que PSOE y PPL se pronunciaron a favor y CpM se abstuvo.
Así pues, la petición de los socialistas no fue aprobada. No obstante, momentos después Muñoz anunció que quiere personarse en la causa que hay en el juzgado para defender los intereses de los ciudadanos.
El Instituto de las Culturas ya cuenta con un nuevo estatuto.
En el Pleno de ayer se aprobó el nuevo estatuto interno del Instituto de las Culturas. La iniciativa salió adelante con los votos a favor del Grupo Popular y el Socialista, mientras que CpM y PPL se opusieron.
El diputado y portavoz de PPL, Julio Liarte, afirmó que los cambios planteados en el nuevo estatuto se habían hecho “a la medida” después de la marcha del ex consejero de Presidencia y máximo dirigente de esta institución, Abdelmalik El Barkani, a la Delegación del Gobierno, algo que la consejera de Patrimonio, Esther Donoso, negó tajantemente, defendiendo que se trataban de modificaciones puntuales.
Por su parte, el cepemista Hassan Mohatar consideró que dicha institución debería ser absorbida por la Consejería de Cultura.
PPL se opone a la aprobación del Reglamento de Protección Civil.
El Reglamento de Protección Civil vio finalmente luz verde en la sesión plenaria de ayer, después de que en la anterior se llegase a un acuerdo para dejarlo sobre la mesa y profundizar en algunos aspectos que podían mejorarse.
La única formación política de la Asamblea que se opuso fue Populares en Libertad (PPL). Su portavoz y diputado, Julio Liarte, reprochó que el texto no se llevase ante el Consejo de Estado para su evaluación. “Su opinión es fundamental para que este asunto salga adelante correctamente”, afirmó. El dirigente de PPL matizó que estaba “en contra de la forma”, no del contenido del texto.
Sus argumentos no convencieron al resto de grupos de la Asamblea, que votaron a favor del Reglamento. Con él, se espera asentar ciertas formas y procedimientos que no habían sido normalizados hasta la fecha.
