El reciente pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la centralidad del consentimiento en los delitos de violación ha reavivado el debate político en España y también ha tenido eco en Melilla. La iniciativa, aprobada con 447 votos a favor, 160 en contra y 43 abstenciones, plantea que la ausencia de consentimiento sea el elemento clave en la tipificación penal de estos delitos, en línea con la conocida ley española del «solo sí es sí». Aunque el texto no tiene carácter vinculante, sí representa una recomendación a la Comisión Europea para avanzar en esta dirección dentro de la normativa comunitaria.
La postura del Partido Popular ha sido objeto de críticas por su aparente contradicción. Mientras que en Europa ha respaldado la propuesta, en España votó en contra de la ley. Preguntada por esta cuestión, la consejera de Igualdad en Melilla, Marta Fernández de Castro, ofreció una explicación centrada en los argumentos jurídicos que, según señaló, motivaron la posición nacional del partido.
“Yo te puedo hablar a nivel nacional. La postura que mantuvimos era sencilla. No contaba con el aval ni del Consejo General del Poder Judicial ni de ninguno de los estamentos”, explicó. Según detalló, el principal problema de la norma radicaba en la falta de solidez jurídica en algunos de sus planteamientos, así como en las advertencias previas que, a su juicio, no fueron tenidas en cuenta durante su tramitación.
Fernández de Castro subrayó que dichas advertencias estaban relacionadas con la aplicación práctica de la ley dentro del marco del Código Penal español. “Se estaban haciendo advertencias en base a nuestro código penal, cuáles eran las formas de aplicar la legislación y cuáles eran las consecuencias que se establecieron anteriormente a la aprobación y que han sido una realidad”, afirmó.
La consejera hizo referencia directa a los efectos que ha tenido la norma desde su entrada en vigor. “Hemos visto cómo han sido excarcelados numerosos agresores sexuales y cómo se han reducido penas. Entiendo que en ese momento el legislador no quería buscar esa finalidad, pero con todas las advertencias que se hicieron con anterioridad tendrían que haber sido un poquito más precavidos y haber escuchado”, señaló.
Durante su intervención, también incidió en la importancia de contar con el criterio de especialistas a la hora de elaborar leyes de este tipo. “Cuando no entiendo una materia, yo pregunto a los profesionales de la materia, y una vez que me dicen, aplico. No se puede legislar a golpe de corazón, se tiene que legislar con argumentos y con las personas que son competentes”, sostuvo.
Finalmente, Fernández de Castro reiteró su valoración crítica sobre la idoneidad de la norma en el contexto español. “Creo que no era una ley de facto para aplicar en España, sobre todo con la legislación que teníamos estatal”, concluyó.
El debate sigue abierto tanto a nivel nacional como europeo, con posiciones enfrentadas sobre cómo avanzar en la protección de las víctimas sin generar efectos indeseados en el sistema penal. En Melilla, las declaraciones de la consejera reflejan la línea argumental del Partido Popular en este asunto.
