La diputada nacional del Partido Popular por Melilla, Sofía Acedo, ha valorado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional como un “varapalo” al Gobierno de Pedro Sánchez y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los retrasos en la tramitación de leyes en la Cámara Baja. La dirigente popular sostiene que el fallo respalda las denuncias que su partido viene realizando desde hace años sobre el uso reiterado de prórrogas en el trámite de enmiendas para frenar iniciativas legislativas impulsadas por el PP.
Acedo considera que esta forma de proceder supone una “deriva antidemocrática”, al entender que impide que propuestas que ya han seguido su recorrido parlamentario y cuentan con apoyos suficientes puedan ser debatidas con normalidad. Según expone, la sentencia del alto tribunal da la razón a las críticas que su formación había mantenido sobre lo que entiende como una utilización interesada de los mecanismos parlamentarios para bloquear leyes de la oposición.
La parlamentaria popular ha sostenido que esta práctica no sólo afecta al funcionamiento ordinario de las instituciones, sino que también tiene consecuencias directas sobre asuntos que repercuten en la ciudadanía. En el caso de Melilla, Acedo ha puesto el foco en una de las iniciativas que considera más relevantes para la ciudad: la relativa a la bonificación del 50 por ciento a la Seguridad Social. A su juicio, se trata de una medida fundamental para la economía local y para el sostenimiento de la actividad empresarial melillense.
En este sentido, ha advertido de que, a día de hoy, no existe una garantía de continuidad de esa bonificación más allá de 2026. Para la diputada, esa falta de certidumbre perjudica de manera directa al tejido productivo de la ciudad, al dejar en el aire una herramienta que considera clave para favorecer el empleo y la competitividad de Melilla. Por ello, ha vinculado el retraso de esta y otras leyes con un perjuicio concreto para los intereses de la ciudad autónoma.
Acedo ha señalado además que la paralización parlamentaria no se limita a las medidas que afectan a Ceuta y Melilla, sino que también alcanza a otras propuestas de ámbito nacional que el Partido Popular considera prioritarias. Entre ellas, ha citado la Ley Antiokupas, la Ley del Suelo y la Ley de Vivienda. En su opinión, el Ejecutivo actúa de esta forma porque sabe que algunas de esas normas podrían reunir una mayoría suficiente en el Congreso para salir adelante, por lo que optaría por retrasar su tramitación de manera indefinida.
Dentro de su valoración política, la diputada melillense ha cargado también contra la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, a la que acusa de respaldar a un Ejecutivo que, según sus palabras, “gobierna contra el Parlamento, contra los jueces y contra los ciudadanos y los intereses de los melillenses”. Acedo sostiene que la representante del Gobierno central en la ciudad se limita a repetir los argumentos de su partido sin atender a las particularidades de Melilla ni defender con firmeza los asuntos que afectan de manera específica a la ciudad.
En esa línea, ha reprochado a la delegada que presente como positivas medidas del Ejecutivo que, según la diputada popular, ni siquiera recogen las singularidades de Ceuta y Melilla. Como ejemplo, se ha referido al reciente real decreto de medidas frente a la Guerra de Irán, asegurando que en un primer momento ambas ciudades quedaron fuera. Según Acedo, fue el Partido Popular quien tuvo que denunciar públicamente esa exclusión y trasladar al ministerio correspondiente la necesidad de rectificar de forma inmediata, mientras la delegada del Gobierno, ha afirmado, ni siquiera se había percatado de la situación.
La diputada del PP ha enmarcado esta polémica en un contexto político que ha definido como de “degradación política grave”. A su entender, el Ejecutivo de Sánchez mantiene una dinámica de confrontación con distintas instituciones del Estado y pretende situarse por encima de los contrapesos democráticos. En ese diagnóstico, incluye tanto la relación con el Parlamento como con el poder judicial, al considerar que el Gobierno intenta sortear o neutralizar cualquier obstáculo que limite su margen de actuación.
Frente a este escenario, Acedo ha reivindicado el papel de la oposición y ha asegurado que el Partido Popular seguirá trabajando en aquellas iniciativas que, a su juicio, beneficien a Melilla y al conjunto de los españoles. La diputada ha insistido en que su formación mantendrá la defensa de las medidas que considera necesarias para la ciudad y continuará denunciando aquellas decisiones del Ejecutivo que entienda perjudiciales para los intereses de los melillenses.
Con esta reacción, Sofía Acedo sitúa la sentencia del Tribunal Constitucional como un respaldo político y jurídico a las críticas que el PP venía formulando sobre el funcionamiento parlamentario en esta legislatura, al tiempo que vuelve a poner el acento en las consecuencias que, según sostiene, esos bloqueos tienen para Melilla y para la tramitación de normas que afectan de manera directa a la ciudad.
