La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha acordado prorrogar durante seis meses más la instrucción del caso Santiago-Rusadir, mediante una providencia dictada el pasado 10 de abril de 2026, en una causa que se sigue en diligencias previas desde 2023 y que cuenta con numerosos investigados. La investigación se centra en la legalidad de los contratos menores del Gobierno CpM-PSOE y la actuación al respecto de los exconsejeros cepemistas y el presidente del partido, Mustafa Aberchán, a los que se acusa de organización criminal, entre otros delitos.
La resolución, firmada por la magistrada Carmen María Perles Sánchez, acuerda la ampliación del plazo de investigación, así como de todas sus piezas separadas, conforme a lo establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en base a las alegaciones presentadas en el procedimiento .
Esta decisión se produce en un contexto procesal marcado por la reciente actuación de las defensas, que habían recurrido un auto anterior en el que se acordaba la prórroga del secreto de parte del sumario durante un mes. Sin embargo, según las fuentes consultadas, ese recurso no se dirige contra la actual ampliación de seis meses, que por el momento no ha sido impugnada.
Dos decisiones distintas
El desarrollo reciente del caso Santiago-Rusadir está marcado por dos resoluciones judiciales diferenciadas. Por un lado, un auto previo que prorrogaba el secreto de determinadas actuaciones durante un periodo de un mes, y por otro, la providencia del 10 de abril que amplía la instrucción en su conjunto por medio año.
Fue la primera de estas decisiones la que motivó la reacción de las defensas, que presentaron recurso en contra de la prolongación del secreto parcial del sumario. Esta medida afecta al acceso a determinadas actuaciones por parte de los investigados y sus representantes legales, lo que ha sido objeto de controversia en el procedimiento.
Por el contrario, la nueva prórroga de seis meses acordada por la magistrada se refiere al conjunto de la fase de instrucción y no ha sido recurrida hasta el momento por las partes.
Argumentos de las defensas
Las defensas, según las fuentes consultadas, se opusieron a la prórroga del secreto de parte del sumario acordada en el auto anterior. Entre sus planteamientos se encuentra el rechazo a la extensión de una medida que limita el acceso al contenido íntegro de la causa, al considerar que afecta al ejercicio del derecho de defensa en el procedimiento.
En este sentido, las alegaciones presentadas cuestionaban la necesidad de mantener restringido el acceso a determinadas diligencias durante más tiempo, en un procedimiento que ya acumula un recorrido temporal desde su inicio en 2023. Asimismo, se ponía de manifiesto la importancia de que las partes puedan conocer en su totalidad las actuaciones para preparar adecuadamente su estrategia procesal.
Estas posiciones se enmarcan dentro del debate habitual en causas complejas sobre el equilibrio entre la eficacia de la investigación y las garantías procesales de las personas investigadas.
Prórroga de seis meses
En cuanto a la providencia del 10 de abril, la magistrada acuerda expresamente la prórroga de la instrucción del procedimiento, incluyendo todas sus piezas separadas, por un plazo de seis meses. La resolución señala que esta decisión se adopta tras examinar el estado de las diligencias previas y las alegaciones formuladas en el proceso.
Además, se da traslado a las partes personadas para que, en un plazo de tres días, puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas respecto a esta medida. La resolución también recoge la posibilidad de interponer recurso de reforma ante el propio juzgado en el mismo plazo.
La ampliación del plazo permitirá continuar con la práctica de diligencias de investigación en una causa que, por su dimensión, mantiene abiertas distintas líneas de actuación dentro del procedimiento principal.
El caso Santiago-Rusadir se caracteriza por la presencia de un elevado número de investigados y partes personadas, entre ellas la Ciudad Autónoma de Melilla, el Ministerio Fiscal y diversas formaciones políticas.
Esta complejidad ha derivado en la apertura de varias piezas separadas, cuya tramitación también queda incluida en la prórroga acordada por la magistrada. La resolución judicial recoge de forma expresa que la ampliación afecta tanto al procedimiento principal como al conjunto de estas piezas.
Continuidad de la investigación
La decisión de extender la instrucción implica que el procedimiento permanece en fase de investigación, sin avanzar aún hacia una eventual fase de juicio oral. Durante este periodo, el juzgado podrá continuar practicando diligencias orientadas a esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
El marco legal que regula estas ampliaciones permite a los órganos judiciales extender los plazos cuando concurren circunstancias que así lo justifican, como la complejidad de la causa o la necesidad de completar actuaciones pendientes.
En este caso, la magistrada fundamenta la prórroga en el estado actual de las diligencias y en las alegaciones presentadas, lo que permite mantener abierta la investigación durante seis meses más.
Con la nueva providencia, el caso Santiago-Rusadir continúa su tramitación en los juzgados de Melilla, con la instrucción prorrogada hasta, al menos, el próximo semestre.
Mientras tanto, las partes disponen de un plazo de tres días para formular alegaciones sobre esta última decisión, así como para interponer, en su caso, recurso de reforma. Hasta el momento, según las fuentes consultadas, no se ha presentado recurso contra esta ampliación.
El procedimiento sigue así su curso en una fase clave para la definición del futuro judicial de la causa, en la que se determinará si concurren los elementos necesarios para avanzar hacia una fase posterior del proceso penal.
