El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha acordado prorrogar durante un mes más el secreto de las actuaciones en el marco del caso Santiago-Rusadir, según consta en un auto fechado el pasado 8 de abril. La medida afecta a todas las partes personadas en el procedimiento, salvo al Ministerio Fiscal, y responde a la necesidad de garantizar el correcto desarrollo de la investigación judicial.
La resolución mantiene así una decisión que se remonta a abril de 2023, cuando se decretó inicialmente el secreto del sumario por un periodo de un mes, prorrogado en sucesivas ocasiones desde entonces. La magistrada considera que no se han producido cambios en las circunstancias que motivaron aquella decisión inicial, por lo que entiende que debe continuar vigente mientras se completan las diligencias en curso.
Entre los motivos expuestos en el auto figura la existencia de actuaciones pendientes que resultan relevantes para el avance de la investigación. En concreto, el juzgado señala que aún no se ha incorporado el resultado de una prueba pericial acordada previamente, así como el volcado del material informático intervenido. Estos elementos podrían dar lugar a nuevas diligencias, cuya eficacia podría verse comprometida si las actuaciones fueran accesibles al resto de las partes en este momento procesal.
En este sentido, la magistrada subraya que la publicidad de las actuaciones podría perjudicar tanto a los medios de prueba como al desarrollo de futuras actuaciones de investigación. El auto advierte de que esta situación podría afectar no solo a las evidencias materiales, sino también a los posibles testigos que pudieran ser llamados a declarar en el procedimiento, lo que justifica la continuidad del secreto parcial del sumario.
La medida adoptada mantiene la excepción habitual en este tipo de procedimientos, permitiendo el acceso al Ministerio Fiscal, que continúa teniendo conocimiento de las actuaciones en el ejercicio de sus funciones. El resto de las partes, sin embargo, seguirán sin poder acceder al contenido de la causa durante el periodo de prórroga acordado.
Asimismo, el auto recoge que esta prórroga no afecta a una de las piezas separadas del procedimiento. En concreto, la pieza identificada como PSE 141/2023/0003 ya dejó de estar bajo secreto por decisión judicial adoptada el 25 de marzo de 2024, por lo que su contenido sí es accesible conforme a lo dispuesto en aquella resolución.
El caso Santiago-Rusadir continúa, por tanto, en fase de instrucción sin que se haya fijado una fecha para su conclusión. Tal y como ha venido informando El Faro de Melilla en anteriores publicaciones, la investigación ha avanzado de forma progresiva, marcada por la complejidad de las diligencias y la necesidad de recabar y analizar diversa documentación y pruebas técnicas.
Entre los aspectos que han condicionado el desarrollo del procedimiento figura la recopilación de informes y el análisis de material relevante para esclarecer los hechos investigados. En este contexto, la falta de incorporación de determinados elementos, como los resultados periciales o el tratamiento del material informático, ha motivado que el juzgado adopte decisiones encaminadas a preservar la confidencialidad de las actuaciones.
La prórroga del secreto se enmarca así dentro de una línea de actuación judicial orientada a evitar interferencias que puedan comprometer la eficacia de la investigación. Este tipo de medidas son habituales en causas de especial complejidad, en las que la difusión prematura de información puede afectar al desarrollo de las diligencias y a la obtención de pruebas.
El auto también detalla los mecanismos de impugnación disponibles para las partes. En concreto, se establece la posibilidad de interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días hábiles desde la notificación de la resolución. Asimismo, también cabe presentar un recurso de apelación, ya sea de forma independiente o conjunta con el de reforma, en un plazo de cinco días hábiles, conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Con esta nueva prórroga, el procedimiento judicial mantiene su carácter reservado al menos durante un mes más, a la espera de que se incorporen los elementos pendientes y se puedan practicar nuevas diligencias. La evolución del caso seguirá condicionada por el avance de estas actuaciones, en una causa que continúa abierta y en fase de investigación.
