La Delegación del Gobierno en Melilla ha respondido a las críticas del Partido Popular durante el pleno de control celebrado este lunes, en el que el vicepresidente primero, Miguel Marín cuestionó la exclusión de la ciudad de determinadas ayudas estatales vinculadas al contexto internacional, así como el encarecimiento de la gasolina y el coste del transporte de mercancías.
Fuentes de la Delegación han señalado que este tipo de intervenciones responden a una estrategia habitual del Partido Popular, consistente en trasladar el foco del debate desde las competencias del Gobierno local hacia el Ejecutivo central. En este sentido, han afirmado que los plenos de control en la Asamblea deben centrarse en la acción del Gobierno de la ciudad, y no en cuestiones que corresponden al ámbito estatal.
Críticas a la estrategia del Partido Popular
Durante su intervención, Marín insistió en que Melilla ha quedado fuera de un decreto de ayudas aprobado por el Gobierno central a raíz de la guerra en Oriente Próximo. Asimismo, señaló que el precio de la gasolina ha aumentado en la ciudad en torno a 20 céntimos desde el inicio del conflicto y reclamó que el Ejecutivo asuma el 50% del coste del transporte de mercancías para abaratar la cesta de la compra.
Ante estas declaraciones, desde la Delegación han considerado que el Partido Popular intenta “lanzar balones fuera” y evitar abordar sus propias responsabilidades. Han criticado que, en lugar de centrarse en la gestión local, se recurra de forma reiterada a cuestionar la actuación del Gobierno central en un foro que no corresponde a ese ámbito.
Según han indicado, esta forma de proceder genera confusión entre la ciudadanía, al mezclar competencias y desviar el debate político hacia cuestiones que no son objeto del control parlamentario en la ciudad autónoma.
Defensa de las medidas del Gobierno central
En relación con las ayudas y las medidas adoptadas por el Ejecutivo, la Delegación ha subrayado que el Gobierno central ha puesto en marcha diferentes iniciativas que, además, tienen carácter complementario a las que puedan desarrollar las administraciones territoriales.
En concreto, han defendido la existencia de un real decreto que contempla bonificaciones al transporte de mercancías, una de las principales demandas planteadas por el Partido Popular durante el pleno. Según han explicado, este mecanismo no solo está en vigor, sino que ha sido ampliado recientemente.
Fuentes de la Delegación han asegurado que en el último año se ha incrementado de manera considerable la cuantía destinada a estas ayudas, lo que ha permitido que un mayor número de empresas se beneficien de las bonificaciones. Entre ellas, han destacado aquellas vinculadas al transporte de productos de consumo humano, lo que repercute directamente en el abastecimiento de bienes esenciales.
Incremento de beneficiarios y alcance de las ayudas
La Delegación ha insistido en que el Gobierno central continúa trabajando para ampliar tanto el alcance como la eficacia de estas medidas, con el objetivo de mejorar su impacto en territorios como Melilla. En este sentido, han recalcado que el sistema de bonificaciones está en constante evolución y adaptación.
Además, han dejado entrever que las afirmaciones realizadas durante el pleno podrían deberse a un desconocimiento de estas medidas o a una estrategia política orientada a generar incertidumbre entre la población.
En cualquier caso, han reiterado que las ayudas al transporte de mercancías están activas y que han experimentado un crecimiento tanto en su dotación económica como en el número de beneficiarios.
Llamamiento a centrar el debate en la gestión local
Más allá de la respuesta a las críticas concretas, desde la Delegación del Gobierno han querido insistir en la necesidad de que los plenos de control se utilicen para fiscalizar la labor del Ejecutivo local. Han recordado que este tipo de sesiones tienen como objetivo analizar la gestión de la ciudad autónoma y exigir responsabilidades en ese ámbito.
En esta línea, han cuestionado la falta de claridad en algunos compromisos del Partido Popular, como el número de viviendas que se prevé poner en marcha antes de que finalice la legislatura. Según han señalado, este tipo de cuestiones sí forman parte de las competencias directas del Gobierno local y deberían ser objeto prioritario de debate.
