El Partido Popular presentará una moción en la Comisión de Defensa del Senado, prevista para el próximo 15 de abril, con el objetivo de debatir el alcance de la futura declaración de la profesión militar como profesión de riesgo y garantizar un tratamiento equitativo entre los distintos colectivos dentro de las Fuerzas Armadas. La iniciativa ha sido promovida por el senador por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu.
La propuesta se enmarca en el proceso abierto tras la aprobación, el pasado mes de junio, de una proposición de ley en el Pleno del Senado que reconocía la profesión militar como actividad de riesgo. Aquel texto ya contemplaba la necesidad de adoptar medidas que evitasen desigualdades entre los miembros de las Fuerzas Armadas en función de su sistema de adscripción.
En la actualidad, coexisten dos modelos diferenciados: el de clases pasivas, que incluye a los militares incorporados antes de 2011, y el régimen general de la Seguridad Social, en el que se integran quienes accedieron con posterioridad. Esta dualidad ha generado inquietud sobre cómo se aplicará la futura declaración de profesión de riesgo y si podría derivar en diferencias entre ambos colectivos.
Según ha explicado Díaz de Otazu , la moción que se debatirá en abril plantea la creación de una Comisión de Trabajo Temporal dentro del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Este órgano tendría como finalidad canalizar las aportaciones de las asociaciones profesionales durante el proceso de elaboración de la norma, con el objetivo de minimizar posibles discrepancias entre los distintos modelos existentes.
En este contexto, el Partido Popular ha mantenido recientemente un encuentro con representantes de asociaciones militares, entre ellas la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), en el que se abordaron las principales preocupaciones del colectivo. Durante esta reunión se trasladó la inquietud existente ante la posibilidad de que el desarrollo normativo de esta medida pueda generar diferencias en función del régimen al que pertenezcan los efectivos.
Las asociaciones incidieron en la importancia de que el reconocimiento de la profesión de riesgo se traduzca en medidas homogéneas que no supongan agravios comparativos entre militares que desempeñan funciones similares. Asimismo, se puso sobre la mesa la necesidad de garantizar que todos los colectivos se vean incluidos en las mejoras que puedan derivarse de esta declaración.
Estas preocupaciones coinciden con advertencias realizadas en fechas recientes desde el ámbito asociativo, en las que se alertaba del riesgo de exclusión de determinados grupos si no se corrigen las diferencias estructurales existentes entre los dos sistemas actuales. El debate se centra, por tanto, en cómo articular una regulación que tenga en cuenta esta dualidad sin generar desigualdades.
La moción del Partido Popular busca reforzar la participación de las asociaciones en el proceso de elaboración normativa y asegurar que sus aportaciones sean tenidas en cuenta en el desarrollo de la futura regulación. El objetivo es contribuir a un marco que evite discrepancias significativas entre los distintos colectivos de las Fuerzas Armadas.
El debate en la Comisión de Defensa del Senado del próximo 15 de abril se presenta como un paso relevante dentro de este proceso, en el que se abordará el alcance concreto de la declaración de profesión de riesgo y las medidas necesarias para su aplicación efectiva.
