El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha adjudicado dos contratos por un importe total superior a los 100.000 euros a la empresa Atocha Ginecológica, con sede en Málaga, para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo a mujeres residentes en Melilla, una decisión que vuelve a evidenciar las carencias estructurales del sistema sanitario en la ciudad.
Según adelantó La Razón, el primero de los contratos asciende a 86.156,16 euros y contempla la atención de abortos hasta la semana 14 de gestación, mientras que el segundo, dotado con 18.806,54 euros, cubre los procedimientos a partir de ese periodo. El acuerdo tendrá una vigencia de 24 meses, extendiéndose hasta febrero de 2028.
La adjudicación responde a la imposibilidad de prestar este servicio en Melilla debido a la falta de personal sanitario disponible, en un contexto marcado por la objeción de conciencia del conjunto de los profesionales implicados. Como consecuencia, las mujeres melillenses que necesitan interrumpir su embarazo deben desplazarse a la península, afrontando un proceso que implica traslados y una mayor carga personal en una situación ya compleja.
Este escenario no es aislado, sino que se enmarca en una problemática más amplia que afecta al conjunto del sistema sanitario en Melilla. Profesionales del sector llevan tiempo alertando de la falta estructural de facultativos, una situación que limita tanto la implantación de servicios como el funcionamiento ordinario de los ya existentes.
Una de las principales consecuencias es la infrautilización de recursos técnicos disponibles. Según denuncian, existen instalaciones y equipamientos que no pueden utilizarse plenamente por la falta de personal cualificado, lo que impide desarrollar determinadas prestaciones dentro de la ciudad.
Este déficit tiene un impacto directo en los pacientes. En el caso de los enfermos oncológicos, muchos deben salir de Melilla para recibir tratamientos como la radioterapia, ante la imposibilidad de acceder a estos servicios en el sistema sanitario local. Estas derivaciones suponen un esfuerzo añadido tanto para los pacientes como para sus familias.
Los profesionales advierten de que la situación responde a un problema persistente: plantillas incompletas, vacantes sin cubrir y dificultades para atraer especialistas. A ello se suma la sobrecarga asistencial del personal en activo y la imposibilidad de poner en marcha determinados servicios por falta de recursos humanos.
En este contexto, la externalización se ha consolidado como una solución recurrente para cubrir las carencias del sistema. La derivación de pacientes a otros centros, tanto para la interrupción del embarazo como para tratamientos complejos, se ha convertido en una práctica habitual.
A pesar de ello, desde hace tres años está en vigor un decreto que declara la sanidad pública en Melilla como zona de difícil cobertura, con el objetivo de facilitar la captación de profesionales. En su momento, se anunció una dotación presupuestaria de 31 millones de euros destinada a incentivar la cobertura de plazas y mejorar las condiciones laborales.
Sin embargo, según señalan profesionales sanitarios, estos recursos no se han materializado, lo que ha impedido que la medida tenga un impacto real. La falta de personal continúa siendo el principal obstáculo para garantizar una atención completa dentro de la ciudad.
El antecedente ya había quedado reflejado en anteriores licitaciones del Ingesa para este mismo servicio, ante la imposibilidad de prestarlo en Melilla. La nueva adjudicación no hace sino consolidar una dinámica en la que determinadas prestaciones sanitarias siguen dependiendo de recursos externos.
Mientras tanto, tanto las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo como los pacientes que requieren tratamientos especializados continúan viéndose obligados a salir de Melilla para recibir atención. Todo ello en un contexto en el que, según los profesionales, existen medios disponibles que no pueden utilizarse y medidas anunciadas que aún no se han traducido en soluciones efectivas.
