La Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical de STEs ha denunciado el presunto uso indebido de fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista por parte de distintas administraciones autonómicas y locales en España y ha reclamado al Gobierno central un mayor control sobre su gestión.
Según ha señalado esta entidad en una nota, se han detectado más de un centenar de casos en los que estos recursos públicos habrían sido destinados a actividades que no están relacionadas con la prevención, la protección o la reparación de las mujeres víctimas de violencia de género. La organización asegura que estas prácticas se han producido en corporaciones locales de todo el país y de distinto signo político.
Entre los ejemplos citados, destacan la financiación de iniciativas que, a su juicio, desvirtúan el objetivo de estos fondos, como talleres o eventos considerados ajenos a la lucha contra la violencia machista. En concreto, menciona actividades lúdicas vinculadas al 8 de marzo, clases de costura o zumba, así como festivales y otros actos que no estarían orientados a la atención directa de las víctimas.
La Organización de Mujeres ha advertido de que este uso indebido supone un “grave deterioro” de las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres. En este sentido, subraya que los fondos del Pacto de Estado fueron concebidos como un instrumento extraordinario para reforzar servicios, programas y recursos específicos, y no como una vía de financiación para agendas institucionales o actividades de carácter general.
Asimismo, considera que esta práctica “vacía de contenido” una herramienta esencial, diluye la responsabilidad de las administraciones y vulnera el compromiso político adquirido con las víctimas. Por ello, ha exigido al Gobierno la adopción de medidas efectivas de control, así como la devolución de los fondos utilizados de forma inadecuada y la sanción de aquellas prácticas que puedan encajar en supuestos de malversación de caudales públicos.
Además, la organización ha solicitado al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género la elaboración de un catálogo cerrado de actuaciones financiables con cargo a estos fondos, cuya dotación asciende a 1.500 millones de euros, con el objetivo de garantizar una fiscalización “exhaustiva y transparente”.
Por último, ha anunciado que promoverá iniciativas sindicales, sociales y jurídicas para asegurar que estos recursos se destinen exclusivamente a la protección de la vida, la seguridad y los derechos de las mujeres.
