El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha visitado Melilla este jueves para participar en una nueva reunión de coordinación junto a distintos departamentos del Gobierno central. El encuentro ha contado con la presencia de representantes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Infancia y Juventud y el Ministerio de Inclusión, así como los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla, además de equipos técnicos y jurídicos.
Durante su intervención, el ministro ha enmarcado esta cita dentro de una serie de reuniones celebradas en los últimos meses. “Tuvimos una reunión en Canarias que fue el 23 de enero, otra en Ceuta el 25 de febrero y hoy lo hacemos el 19 de marzo en Melilla”, ha explicado, subrayando que el objetivo es analizar la aplicación de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y sus efectos en los territorios frontera.
Torres también ha querido agradecer la acogida institucional recibida en la ciudad autónoma, mencionando expresamente a la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, así como a otros responsables presentes en la reunión.
Un año de la reforma del artículo 35
El ministro ha destacado que este 19 de marzo se cumple exactamente un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la modificación del artículo 35, una medida aprobada mediante real decreto ley y posteriormente convalidada por las Cortes Generales.
“Hoy se cumple un año, exactamente un año, de que el Boletín Oficial del Estado publicara la modificación del artículo 35 aprobada y convalidada”, ha señalado. Según ha recordado, la aprobación no fue inmediata, ya que hubo un primer intento fallido antes de lograr una convalidación definitiva con mayoría parlamentaria.
En este sentido, Torres ha recalcado que la reforma salió adelante con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, a excepción del Partido Popular y Vox, lo que permitió modificar la legislación para dar respuesta a la situación de los menores no acompañados en territorios como Ceuta, Melilla y Canarias.
Impacto en la reducción del hacinamiento
Uno de los aspectos centrales de la comparecencia ha sido la valoración del impacto de esta reforma tras un año de aplicación. El ministro ha sido contundente al afirmar que la ley ha cumplido su objetivo principal.
“Tengo que decir con rotundidad después de un año que esta ley funciona, que esta ley ha aliviado el hacinamiento de esos territorios fronteras”, ha asegurado, añadiendo que también garantiza el interés superior del menor y refuerza la defensa de los derechos humanos.
Torres ha planteado además un escenario alternativo en caso de no haberse aprobado la reforma. “La pregunta que podríamos hacernos es qué hubiera pasado de no haberse aprobado hace un año esta modificación de la ley. Pues es muy fácil de saber”, ha indicado.
Según sus datos, el número de menores no acompañados habría superado los 8.000 en los territorios frontera, frente a los cerca de 3.800 actuales. “Es muy fácil, aunque sean números, detrás de todos ellos hay seres humanos con nombres y apellidos”, ha subrayado.
Evolución de las cifras en Melilla, Ceuta y Canarias
El ministro ha detallado la evolución de los datos en cada uno de los territorios afectados. En el caso de Melilla, ha explicado que antes de agosto de 2025 había 160 menores no acompañados, a los que se sumaron 101 más, alcanzando los 261. Sin embargo, actualmente la cifra se sitúa en 136, según datos del propio Gobierno local.
En Ceuta, el número de menores pasó de 576 a casi 800 tras nuevas llegadas, aunque en la actualidad se ha reducido a 305. Por su parte, en Canarias se pasó de 5.037 menores antes de agosto a casi 6.000, mientras que ahora se contabilizan 3.411.
Estos datos, según Torres, evidencian una reducción significativa que confirma el efecto de las medidas adoptadas. “Habría 8.000 y en estos momentos hay cerca de 4.000”, ha resumido.
Funcionamiento del procedimiento “exprés”
El ministro ha explicado los mecanismos que han permitido esta reducción, destacando el denominado procedimiento “exprés” para los menores que llegan tras la entrada en vigor de la reforma.
“Son todos los menores que llegan después del 30 de agosto del año pasado, que en 15 días deben ser reubicados”, ha indicado. Este proceso implica la participación del menor, su defensa, la fiscalía y las administraciones implicadas.
Según ha detallado, el Gobierno de España ha iniciado 1.278 expedientes a través de este mecanismo, de los cuales el 81% ya han sido finalizados. “Todos los menores que han llegado desde agosto a hoy están iniciados y terminados por el Gobierno de España”, ha afirmado.
Reubicación de menores en el territorio nacional
Otro de los pilares de la reforma ha sido la reubicación de menores en otras comunidades autónomas. En este sentido, Torres ha señalado que actualmente hay 1.143 menores trasladados fuera de Ceuta, Melilla y Canarias.
A esta cifra se suman otros casos vinculados al derecho de asilo, lo que eleva el número total de menores reubicados a aproximadamente 2.000 en el conjunto del territorio español.
El ministro ha destacado que este proceso se ha llevado a cabo con un alto grado de cumplimiento por parte de las administraciones implicadas, alcanzando porcentajes superiores al 80% en la resolución de expedientes.
Defensa de un modelo basado en derechos humanos
Durante su intervención, Torres ha calificado la reforma como un “hito histórico” que responde a una reivindicación de décadas. “Esta ley tiene sus bases fundamentalmente en la justicia y en los derechos humanos”, ha afirmado.
El ministro ha insistido en que el modelo actual es “ordenado, solidario y con un concepto de Estado”, subrayando que la llegada de menores a territorios como Melilla implica una responsabilidad compartida a nivel nacional y europeo.
“Cuando un menor llega a Melilla está llegando a España y a Europa”, ha señalado, defendiendo la necesidad de un sistema que garantice condiciones dignas y evite situaciones de colapso.
Anuncio de prórroga hasta 2027
Torres ha anunciado que el Gobierno aprobará antes del 30 de agosto un real decreto para prorrogar la aplicación de la reforma durante un año más, lo que extenderá su vigencia hasta agosto de 2027.
Además, ha adelantado la celebración de una comisión interministerial para evaluar el primer año de funcionamiento de la medida y analizar posibles ajustes.
Críticas a la oposición y advertencias de futuro
En la parte final de su intervención, el ministro ha lanzado críticas al Partido Popular y Vox por su rechazo a la reforma, advirtiendo de las consecuencias que podría tener un cambio de rumbo político.
“Si esto dependiera del actual Partido Popular y de las exigencias de la ultraderecha, esta ley quedaría en un cajón”, ha afirmado, alertando de que ello supondría un retorno a situaciones de hacinamiento en los territorios frontera.
Torres ha defendido que la actual política ha permitido integrar a los menores en el sistema educativo y social sin generar problemas de convivencia. “Hay menores que están integrados, que tienen amigos y que caminan en sus vidas”, ha destacado.
Finalmente, ha subrayado que la continuidad de la ley dependerá de las mayorías parlamentarias futuras, insistiendo en la necesidad de mantener un enfoque basado en la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.
