Los transportes son algo esencial para cualquier territorio que se esté planteando medidas de desarrollo económico. La conectividad no es una opción sino una cuestión básica que merece la atención y el cuidado de los poderes públicos y, en el caso de Melilla, es el Gobierno estatal el que tiene las competencias para poder poner en marcha planes que garanticen mejoras tanto en las conexiones áreas como marítimas. Si eso no fuera así, la ciudad tendría muy difícil la reconversión y la implantación de un nuevo modelo productivo.
El turismo se presenta como una de las líneas estratégicas pero sin transportes en condiciones, poco se podrá hacer. Y como ejemplo sirva lo que está ocurriendo con un grupo de 38 personas mayores que han viajado a la ciudad gracias a la oferta realizada por el Imserso, Todos ellos están bloqueados aquí porque los vuelos no han salido, a pesar de que debían de haber regresado a la península el pasado martes, 24 de febrero.
Se trata de visitantes cuya edad media es de 75 años y el 70% de ellos tienen enfermedades crónicas que necesitan atención, mientras que el 30% restante tiene sus achaques propios de la edad. Varias de estas personas han sufrido ataques de ansiedad, taquicardias y, sobre todo, una sensación de incertidumbre y abandono que no se compadece con los intereses de una ciudad atractiva, amable y acogedora. ¿Cuál va a ser el comentario de estos mayores cuando regresen a sus casas? Evidentemente, no serán de recomendar a nadie que viaje a Melilla.
Mientras esto está ocurriendo, el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a dotar al aeropuerto de los dos elementos fundamentales para impedir que cuestiones meteorológicas conlleve la cancelación de vuelos durante días: uno, dotar al aeropuerto de un nuevo sistema de aproximación; la tecnología ha avanzado lo suficiente como para poder disponer de las herramientas que permitan a los aviones aterrizar a pesar de la niebla o las nubes bajas. El segundo aspecto es la ampliación de la pista, al objeto de que entren aviones de mayor tamaño.
Pero no hay forma de que este Ejecutivo nacional dé su brazo a torcer. Ni en eso ni en otorgar la condición de Obligación de Servicio Público (OSP) a las líneas con Málaga y Madrid, cuyo objeto es que se puedan poner precios máximos razonables para los billetes de los no residentes. Si no fuera por los bonos de la Ciudad Autónoma, a Melilla no vendría ni el Tato.
