La secretaria de Cultura y coportavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Melilla, Elena Fernández Treviño, ha reclamado al Gobierno local del Partido Popular una aclaración inmediata sobre los trabajos realizados en la muralla del Fuerte de San Miguel, ubicada en el cuarto recinto amurallado del Conjunto Histórico de Melilla, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1986.
Según ha señalado Fernández Treviño, hace varias semanas se ejecutó una intervención sobre la muralla histórica que “resulta improcedente e injustificable desde el punto de vista técnico y patrimonial”. Las fotografías del lugar muestran que la piedra original fue cubierta con pintura color vainilla, modificando de manera irreversible su aspecto auténtico.
“El patrimonio se conserva, no se borra ni se mancilla así”, ha denunciado la dirigente socialista, quien asegura que esta actuación refleja “una preocupante falta de planificación y de rigor en la gestión del patrimonio histórico de la ciudad”. Fernández Treviño ha subrayado que, hasta la fecha, nadie del Ejecutivo local ha ofrecido información sobre las razones de la intervención ni sobre quién la autorizó.
En este sentido, la portavoz del PSOE ha planteado varias preguntas cruciales: quién dio luz verde a la actuación, si esta contó con la aprobación de la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura y si existía un proyecto técnico formal acompañado de los informes especializados y de la dirección facultativa, tal y como exige la normativa sobre protección de bienes culturales. La ausencia de estos elementos, advierte, pone en riesgo la integridad del conjunto histórico.
“La actuación evidencia una preocupante falta de planificación y de rigor en la gestión del patrimonio histórico de la ciudad. Una actuación sobre la que nadie ha dado explicaciones”, ha insistido, destacando la necesidad de que toda intervención sobre bienes declarados BIC se realice con criterios técnicos claros y supervisión profesional.
La dirigente socialista ha recordado que el patrimonio histórico no puede considerarse un recurso puramente decorativo ni un elemento escenográfico. “El patrimonio histórico no puede tratarse como un recurso meramente estético ni como un elemento escenográfico, sino como un bien cultural que requiere conservación rigurosa, planificación y criterios técnicos especializados”, ha explicado Fernández Treviño. La ausencia de estos criterios, ha advertido, “puede comprometer la integridad del conjunto histórico”.
“Esto no es conservar, es maquillar y exentar contra un Bien protegido, y demuestra una gestión claramente irresponsable del patrimonio histórico”, ha subrayado Fernández Treviño, quien insiste en que la protección de los bienes históricos requiere políticas sostenidas en el tiempo y no actuaciones puntuales.
Además, la portavoz socialista ha solicitado mayor transparencia en el proceso, demandando acceso público a los expedientes de intervención, información sobre los materiales utilizados y claridad sobre la responsabilidad técnica y política de la obra.
Desde el PSOE de Melilla también se ha exigido la realización de inspecciones técnicas exhaustivas y el cumplimiento estricto de la normativa de protección de bienes declarados BIC. La formación política ha insistido en la necesidad de elaborar con urgencia un Plan Especial de Protección del Patrimonio acompañado de un catálogo oficial de edificios protegidos, que permita actuar de manera preventiva y no únicamente reaccionar a intervenciones cuestionables.
“Realizar un catálogo de edificios son aprobar un plan del gobierno que nos permita actuar proactivamente para protegerlos, es quedarse a medias. Necesitamos un Plan Especial que proteja activamente nuestro patrimonio o veremos cómo se siguen deteriorando y derribando nuestros edificios más valiosos. Al igual que necesitamos un protección de nuestro patrimonio verde, con políticas sensibles que son inexistentes en este gobierno actual”, ha señalado Fernández Treviño.
Finalmente, la responsable socialista ha recordado que la defensa del patrimonio histórico de Melilla es un deber legal y moral. “La defensa del patrimonio histórico de Melilla es una obligación legal y moral. No puede quedar supeditada a decisiones coyunturales, a ocurrencias particulares, ni a criterios decorativos”, ha concluido.
