El Pleno de la Asamblea de Melilla aprobó este lunes, con 21 votos a favor y una abstención, el reconocimiento extrajudicial de crédito derivado del expediente 29572/25 de responsabilidad contractual del Patronato de Turismo, por un importe superior a 38.000 euros.
El punto, tercero y último del orden del día, generó un intenso enfrentamiento político entre Gobierno y oposición, con acusaciones cruzadas sobre la gestión económica de la anterior legislatura y la actual. El Ejecutivo defendió que el expediente responde a la necesidad de abonar un servicio realizado en 2023 sin consignación presupuestaria, mientras que la oposición acusó al consejero de faltar a la verdad y de intentar desviar la atención.
La diputada de Coalición por Melilla (CpM), Dunia Almansouri, defendió la legalidad del expediente y aseguró que fue tramitado correctamente.
“Estamos ante un expediente administrativo tramitado de la forma correcta, tramitado de la forma adecuada, y que viene con todos los parabienes del Consejo de Estado”, afirmó.
Almansouri recordó que durante el anterior Gobierno se modificaron prácticas que, a su juicio, eran habituales en los últimos años del Partido Popular. “Cambiamos una inercia que tenía el Gobierno del Partido Popular en sus últimos años, que era adjudicar contratos a dedo sin un solo papel, sin un solo informe”, sostuvo.
La diputada acusó al Ejecutivo actual de haber llevado al Pleno, en su etapa anterior de gobierno, la convalidación de 17 millones de euros en contratos adjudicados directamente. “17 millones de euros que tuvieron ustedes la cara de traer a este Pleno para blanquear la gestión nefasta”, reprochó.
Asimismo, respondió a las críticas sobre subvenciones aprobadas en diciembre asegurando que esos expedientes fueron publicados oficialmente y contaban con documentación. “Cuando usted miente y dice que se adjudican 2 millones de euros a dedo sin documentación, eso se publicó en el BOME”, afirmó.
El diputado del Grupo Mixto Somos Melilla, Amín Azmani, respaldó las palabras de la diputada de CpM y acusó al consejero de tratar a la oposición como si no entendiera los procedimientos administrativos.
“Usted no solo miente, sino que nos falta a la inteligencia. Nos trata como tontos”, manifestó.
Azmani consideró que el debate evidenciaba una estrategia de confrontación constante por parte del Gobierno en lugar de asumir responsabilidades políticas.
En su turno de réplica, el diputado socialista Riduan Moh defendió que el expediente fue tramitado conforme a la legalidad y que se trató de un hecho puntual, no de una práctica habitual.
“Estamos hablando de un expediente que se tramitó correctamente en tiempo, dentro de los plazos legales, y que por una pequeña objeción de Intervención se demoró”, aseguró.
Moh señaló como especialmente llamativo el retraso de más de un año y medio entre la prestación del servicio, en mayo de 2023 —coincidiendo con el periodo electoral—, y el reconocimiento del crédito en enero de 2025.
“Este desfase de más de un año y medio es desproporcionado e injustificable”, afirmó, preguntándose por qué no se abonó antes el servicio prestado.
El socialista defendió que el proveedor debe cobrar y que el reconocimiento extrajudicial es el instrumento adecuado para regularizar la situación. Al mismo tiempo, instó al consejero a no dar “lecciones de moral” y recordó la situación económica heredada en 2019.
En respuesta, el consejero de Turismo, Miguel Marín, explicó el reconocimiento extrajudicial de crédito responde a la organización de unas jornadas gastronómicas de promoción turística celebradas en 2023.
“El gasto existe, pero no es normal la forma de hacer las cosas”, afirmó Marín. “Se organizaron unas jornadas gastronómicas sobre el turismo de la ciudad en el año 2023, pero sin ningún reconocimiento presupuestario. Es decir, se ejecuta y luego, si eso, se paga. Y esto, desde luego, es inaceptable”.
El consejero subrayó que el proveedor realizó el servicio y que ahora corresponde al Pleno dar cobertura presupuestaria a una actuación que, según sostuvo, fue autorizada sin fondos disponibles. “No tengo presupuesto, contrato igual a sabiendas, no lo pago y el afectado tiene que reclamar. Eso es lo que ha pasado en esta ocasión”, señaló.
Marín insistió en que el actual Gobierno no tuvo responsabilidad en la decisión inicial, sino que se limita a “resolver el problema que dejaron los anteriores”.
En su segunda intervención, Miguel Marín endureció el tono y calificó de “temeridad” la decisión de encargar una actividad sin presupuesto.
“No puede comparar un error de un empleado público con una temeridad de un cargo público que dice: siga usted con la actividad aunque no haya presupuesto”, señaló.
El consejero insistió en que el actual Ejecutivo actúa con transparencia y rigor. “Siempre, todas y cada una de nuestras actuaciones, han sido serias, rigurosas y honestas. Siempre con la mano limpia”, afirmó.
Marín rechazó las acusaciones sobre adjudicaciones irregulares en anteriores etapas del Partido Popular y defendió que durante sus años de gobierno se respetaron los procedimientos administrativos.
“Usted no puede decir lo mismo”, respondió a Almansouri, a quien acusó de haber sido “la piedra angular” de la gestión económica de la legislatura anterior.
El consejero reiteró que el expediente actual no es un ejemplo de buena gestión, sino una actuación necesaria para corregir un error político previo. “Este Gobierno lo único que está haciendo es resolver la mala actuación del anterior Gobierno”, concluyó.
Pese al enfrentamiento, la propuesta salió adelante con un respaldo amplio: 21 votos a favor y una abstención. El reconocimiento extrajudicial de crédito permitirá abonar más de 38.000 euros al proveedor que organizó las jornadas gastronómicas en 2023.
