La Asociación defendía el valor del Consejo de la Guardia Civil, que ahora ratifica el Tribunal. El Tribunal Supremo anuló, a instancias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, la modificación del Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica que se veía aplicando hasta ahora. El Supremo anula el Real Decreto 137/2009, de 13 de agosto, que modificaba otro Real Decreto, el 944/2001 de 3 de agosto, y que recogía el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerza Armadas.
Según la nota remitida por la AUGC, el Supremo “recoge y sigue” la tesis defendida por la Aosicación, de que sin informe previo del Consejo de la Guardia Civil, el Real Decreto debe ser anulado.
Este Consejo, integrado a partes iguales por representantes de los Ministerios de Interior y Defensa y por vocales elegidos en el correspondiente proceso electoral, “tiene preceptivamente que emitir informe previo sobre todas aquellas normas que afecten al estatuto profesional del guardia civil, así como a otros aspectos sociales, profesionales y económicos”, reza la nota de la AUGC. El Tribunal Supremo entiende que la regulación de los cuadros médicos que regulan la determinación de la capacidad psicofísica de un guardia civil es parte del estatuto profesional, “además de contener relevantes aspectos sociales, económicos y profesionales” y recuerda, “de forma categórica, que el informe previo contemplado en el artículo 54.2 de la ley orgánica tiene por finalidad la contribución a un mejor ejercicio de la potestad normativa desde la doble perspectiva de las condiciones de trabajo de los guardias civiles y del buen funcionamiento de institución”.
Para la AUGC, el Supremo, con su sentencia “es rotundo y zanja una cuestión que parecía no querer ser aceptada por quienes, en la Dirección General de la Guardia Civil, han mostrado su oposición al correcto funcionamiento del Consejo y su total desapego, sino oposición, al pleno despliegue del derecho de asociación profesional en la Guardia Civil. Así, afirma que “la omisión del Informe del Consejo de la Guardia Civil ha privado al Gobierno de elementos de juicio considerados necesarios por el legislador orgánico para la mejora que busca de las condiciones profesionales y del funcionamiento del Instituto”.
“La sentencia es un auténtico aviso a los responsables de la Dirección General de la Guardia Civil para que cumplan fiel y estrictamente con sus obligaciones”.
