El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla está trabajando en el desarrollo de nuevos planeamientos urbanísticos con el objetivo de facilitar la construcción de viviendas de protección oficial, según ha explicado el consejero de Fomento y vicepresidente primero, Miguel Marín. El responsable del área ha detallado los requisitos administrativos y los plazos necesarios para llevar a cabo este tipo de promociones, subrayando que disponer de suelo y presupuesto es el primer paso imprescindible para poder construir vivienda pública.
Marín ha señalado que un Gobierno que quiera promover vivienda protegida debe contar, en primer lugar, con suelo disponible y con financiación suficiente. A partir de ahí, es necesario sacar a licitación la elaboración del proyecto técnico, un procedimiento que, según ha indicado, tiene una duración mínima de seis meses, siempre que no se presenten recursos contra dicha licitación. Desde que se publica el concurso hasta que se adjudica, el plazo administrativo no suele ser inferior a ese periodo.
Una vez que la Administración dispone del proyecto, el siguiente trámite consiste en licitar la construcción de la obra. Este proceso, ha explicado el consejero, requiere igualmente un mínimo de otros seis meses. En caso de que se produzcan recursos o incidencias administrativas, los plazos pueden alargarse aún más. De este modo, entre la redacción del proyecto y la licitación de la obra pueden transcurrir entre un año y un año y medio.
A estos plazos hay que sumar el tiempo necesario para ejecutar la construcción de las viviendas. Según ha detallado Marín, incluso las promociones más pequeñas tienen un periodo de ejecución que no es inferior a los dieciocho meses, pudiendo extenderse hasta los veinticuatro o treinta meses en función del volumen de viviendas que incluya cada promoción. En conjunto, desde que se toma la decisión política de construir viviendas de protección oficial hasta que se entrega la llave a los adjudicatarios pueden pasar más de cuatro años.
El consejero ha recordado que durante los gobiernos del Partido Popular, con José María Aznar y Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo central y Juan José Imbroda como presidente de la Ciudad, se construyeron 1.795 viviendas de protección oficial en Melilla. Según ha explicado, esto fue posible porque desde el inicio se impulsaron todas las actuaciones administrativas y urbanísticas necesarias para hacer realidad esas promociones.
En este contexto, Miguel Marín ha reiterado que el actual Gobierno de la ciudad ya ha anunciado públicamente su intención de impulsar la construcción de más de 500 viviendas de protección oficial. Estas viviendas se irán entregando a medida que se completen los trámites administrativos y finalicen las obras correspondientes. No obstante, ha señalado que esta actuación no es suficiente para cubrir las necesidades existentes en la ciudad.
Por este motivo, el Gobierno de Melilla está desarrollando nuevos planeamientos urbanísticos en distintas zonas, con el objetivo de avanzar en la elaboración de proyectos que permitan seguir construyendo viviendas en el futuro. Entre estos ámbitos, el consejero ha mencionado el desarrollo urbanístico de Santiago y el del sector S-13, donde se trabaja para habilitar suelo destinado a nuevos proyectos residenciales.
Además, Marín ha informado de que el Ejecutivo local ha solicitado al Gobierno de España la cesión de suelos de titularidad militar que actualmente se encuentran libres. En concreto, ha señalado los terrenos de Primo de Rivera y el cuartel de Pajares como espacios que podrían destinarse a la construcción de viviendas de protección oficial, así como al desarrollo de nuevas zonas residenciales, deportivas y otros equipamientos, siempre que exista voluntad política para llevar a cabo dicha cesión.
El consejero ha puesto como ejemplo el desarrollo urbanístico del cuartel Gabriel de Morales, impulsado durante anteriores legislaturas. Según ha explicado, ese planeamiento permitió posteriormente la construcción de viviendas de protección oficial y de un centro educativo. En este sentido, ha defendido la importancia de trabajar con planificación urbanística previa para poder ejecutar proyectos en el presente y en el futuro, tanto en materia de vivienda como de equipamientos públicos.
