El pasado 31 de diciembre entró en vigor con total plenitud en todo el territorio nacional la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada el 3 de enero. Un cambio radical en la organización judicial que, como no podía ser de otro modo, se ha dejado sentir en Melilla.
El Faro ha conversado con el juez decano de Melilla, Álvaro Salvador Prieto, sobre la situación actual de la administración de Justicia en la ciudad y sobre la necesidad de esta Ley.
-Permítame comenzar con una pregunta muy general, pero que muy necesaria ¿Cómo está la situación actual de la administración de Justicia en Melilla?
-La administración de Justicia en Melilla ahora mismo está arrancando otra vez. El cambio que se ha pretendido llevar a cabo es muy profundo y el problema fundamental que nos hemos encontrado es la falta de previsión por parte de los responsables ministeriales en Madrid.
Esta Ley entró en vigor el 31 de diciembre, a las 00:00 horas. Ya sólo la fecha es una dificultad añadida, por la época festiva y las diversas ausencias por vacaciones y permisos de todas las personas implicadas en la administración.
Esta Ley se publicó el 3 de enero del 2025 y desde entonces se sabía que en Melilla iba a entrar en vigor en Fase III. Sin embargo, no fue hasta el pasado 20 de octubre cuando por parte de los responsables ministeriales se empezaron a realizar actuaciones tendentes a intentar una instauración medianamente ordenada. Eso ha conllevado que esa falta de previsión, muchas veces de indefinición e incluso de entorpecimiento y de coste cero, haya dificultado muchísimo la implantación.
Ahora estamos arrancando poco a poco, teniendo presente que esto es un cambio total y absoluto del modelo organizativo. Puedo asegurar que por parte de los responsables que estamos en Melilla hemos trabajado muchísimo.
Con todo y con eso, entre el 15 de diciembre y el 31 de diciembre ha habido muchos órganos jurisdiccionales que se han visto afectados, porque sus todavía funcionarios no tenían acceso a los sistemas informáticos y tampoco se ha dado una solución, ni pronta ni lógica ni entendible, a esa situación.
Si se crea un nuevo servicio común de tramitación en un edificio judicial, que de por si llevamos años diciendo que necesitamos mucho más espacio, es imposible que todos los funcionarios pertenecientes a dicho servicio estén juntos. De hecho, ahora los tenemos divididos en cuatro plantas diferentes ¿El motivo? No hay presupuesto para tirar un muro de escayola.
Si se contrata desde el Ministerio una nueva cartelería y un nuevo directorio para los tribunales de Instancia. Esa empresa, que a su vez subcontrata a otra empresa que viene de Málaga, prácticamente ha puesto todos los carteles equivocados. Tenemos que ir cambiando uno por uno y todavía continúan algunos carteles parcheados.
Todo ello pese a haber mantenido reuniones previas donde, con planos en la mano, se indicó dónde iba cada servicio. Contando con el consenso de todos los implicados y con la colaboración, porque esa oficina sí ha colaborado intensamente con la Gerencia Territorial del Ministerio, que está en Málaga pero tiene una oficina delegada aquí.
-Desde la administración de Justicia siempre se han producido quejas sobre la falta de personal ¿Cómo afecta la nueva Ley a esa situación?
-En Melilla estamos en lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. Melilla tiene una tasa de funcionarios interinos de interinidad muy alta, de un 60 %. Eso de por sí no tendría que ser un problema, pero esta situación también ha coincidido con el acoplamiento de muchos funcionarios interinos que han conseguido estabilizar y ahora son funcionarios de carrera, que están a expensas de la resolución de un concurso para trasladarse.
A su vez la falta de dotación presupuestaria ha hecho que haya varias plazas sin cubrir. Además, el nuevo servicio común de tramitación, que es el más importante y el que se crea en Melilla, está muy infradotado de personal.
-¿Cómo van las negociaciones para la Relación de Puestos de Trabajo?
-La RPT la aprobó el Ministerio de forma definitiva, si no recuerdo mal, el día 23 de octubre. De todos modos, ya se advirtió al Ministerio que la RPT no cubría, sobre todo en el área penal. Pero ni tan siquiera se nos ha contestado.
El problema es que nosotros llegamos hasta donde llegamos, pero hay decisiones que no se pueden tomar aquí, no dependen de nosotros. La actitud de Madrid creo que ha sido un poco dejarlo todo a manos de la mera voluntad, de los que estamos aquí trabajando en el asunto.
Al final, por mucha voluntad que le pongamos, no va a llegar. Aparte eso nos da una sensación de abandono, una sensación pésima.
-Precisamente quisiéramos saber si mantiene contacto directo con el Ministerio de Justicia ...
-Hemos tenido siempre el contacto que el Ministerio ha querido. Es verdad que hay algunas personas por parte de los responsables ministeriales, son las menos, que sí han estado por la labor de ayudar en todo lo posible, pero en la mayoría de las ocasiones no hemos tenido contacto.
Aquí se han hecho ya todos los protocolos que se tenían que hacer. Los protocolos, pese a lo que se dice, no son malos protocolos. Tampoco podemos hacer una valoración general sobre cómo están funcionando los protocolos, porque verdaderamente todavía es que casi no estamos ni empezando a funcionar.
Todavía tenemos funcionarios que no tienen acceso a las aplicaciones informáticas que deben. Todavía tenemos traslados que son meramente provisionales. Ahora, por ejemplo, nos encontramos con que faltan 6 ordenadores para 6 funcionarios. Además, aún no se han incorporado los interinos que deberían haberlo hecho. Lo bueno de los protocolos es que son flexibles, se pueden ir cambiando.
La directora general, la directora del Servicio Común de Tramitación y yo mismo acabamos de firmar un instrumento de coordinación para tener una mayor coordinación entre los miembros del Poder Judicial, los funcionarios y los letrados de la Administración de Justicia. Habrá que ver si funciona y ver qué hay que cambiar. Calculo que todo eso no se verá, por lo menos, hasta marzo.
Esto no es un caos, pero sí es verdad que se ha parado mucho, con el riesgo que ello supone. Los órganos jurisdiccionales que ya iban sobrecargados, como por ejemplo el Juzgado de lo Social, continúa sobrecargado. Otros órganos jurisdiccionales que no tenían problemas se están empezando a paralizar.
Lo que esta Ley está consiguiendo es crear más problemas, pero no está solucionando ninguno de los anteriores, al menos por ahora. Si no es un caos gracias a la voluntad de todos los implicados de aquí de Melilla.
-Sin embargo, desde el Ministerio se planteó esta Ley con el objetivo de agilizar la Justicia ...
-La Ley, en el fondo, tiene una justificación: Si bien es verdad que España tiene una de las ratios de juez por habitante más bajas de Europa, también tenemos una ratio de funcionarios más alta que en otros países.
Es verdad que nosotros veníamos de un modelo decimonónico, un modelo que en muchas ocasiones se había demostrado agotado. Con esta Ley se intenta unificar criterios, unificar secciones y unificar formas de trabajar; para darle supuestamente una mayor agilidad.
En mi opinión, es una Ley que parece estar más pensada para justificar la propia existencia de los servicios, más que para su fin, que es auxiliar a los jueces y magistrados para que juzguen y hagan ejecutar lo juzgado.
A los jueces y magistrados cada vez se nos intenta desvincular más, se le da el papel protagonista a los letrados de la administración de Justicia. No obstante, puedo asegurar que estamos en una situación en la que ninguno de los cuerpos implicados en la administración de Justicia está contento, ninguno. Aunque en Melilla somos afortunados, en comparación con otros lugares estamos bastante bien.
Esto es una opinión muy personal, aquí yo ya no sé si hay una voluntad de colapso, porque el Poder Judicial es un poder incómodo para el resto de los poderes del Estado. También digo que esto muchas veces se ve como si fuera una especie de guerra por parte de los altos responsables de otros poderes del Estado. Una guerra contra un Gobierno o contra un partido político en concreto y nada más lejos de la realidad.
Los jueces y los magistrados nos llevamos quejando con sucesivos gobiernos de muchísimas cosas y lo único que queremos es poder cumplir la función que nos otorga la Constitución del modo más ágil y beneficioso posible para la gente. Aquí hablamos de los derechos fundamentales de la gente, pero si no damos una respuesta pronta, razonada y razonable; no estaremos ayudando a la gente.
-El Gobierno central ha anunciado la implementación de 500 plazas judiciales en este 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos ¿Melilla se verá beneficiada de esta medida?
-Esto es hacerse trampas al solitario. No han aprobado, ha habido un anuncio ministerial donde tienen una propuesta de Real Decreto donde se crean 500 plazas judiciales para todo el territorio nacional.
Melilla, en principio, no está en ese borrador, pese a que el propio Ministerio más de una vez ha intentado realizar la transformación de otro Juzgado de lo Contencioso en un Juzgado de lo Social y aquí es más que evidente que se necesita un juzgado de lo social. Igual que es más que evidente que se necesita una sección específica de violencia sobre la mujer y tampoco se ha creado, pese a que se le ha ido solicitando en reiteradísimas ocasiones. Melilla tampoco tiene una sección de vigilancia penitenciaria, pese a que tiene una prisión.
Aquí en principio no se va a crear ninguna plaza más. Se va a pelear para que se cree, pero yo sinceramente no creo que nos hagan caso.
A mí me parecería estupendo que creara aquí una plaza judicial más en el Juzgado de lo Social, que está muy colapsado de trabajo. Pero si yo creo la plaza, partiendo de que ya el personal que hay es insuficiente sólo para una ¿Cómo va a llegar el procedimiento a que un juez dicte sentencia rápido si no tiene funcionarios que le auxilien para que llegue a poder celebrar el juicio y a poder dictar y ejecutar la sentencia?
Hay unos cálculos que maneja el propio Ministerio donde se refleja como la creación de un antiguo Juzgado le suponía, decían, medio millón de euros. También decían que la creación de una plaza judicial les supone sólo 100.000 euros. Obviamente, lo que se intenta es ahorrar, no se está intentando nada más.
-Una de las quejas de esta nueva Ley hace referencia tanto a la premura como al hecho de haber realizado un cambio tan brutal en la administración con un presupuesto tan escaso ...
-La dotación ha sido cero. Aquí las pocas cosas que se han podido hacer ha sido gracias a un remanente presupuestario muy escaso para cuestiones de urgencia y menores. Un remanente que hemos podido utilizar gracias a la Gerencia Territorial del Ministerio en Málaga y a la Oficina Delegada aquí en Melilla.
No hemos podido terminar de hacer el servicio, no ya como nosotros querríamos, sino como quiere la Ley. Porque a mí la Ley puede no gustarme, pero es la Ley y tengo la obligación de cumplirla, hasta ahí podríamos llegar. Lo que ocurre es que si no tengo los medios para cumplirla, se hace muy complicado.
-Melilla vivió el año pasado varios cambios en la administración de Justicia, con la transformación del antiguo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 ¿Cómo está transcurriendo las cosas en la sala?
-Esa transformación también se hizo en una fecha fantástica: El 1 de julio.
De facto, eso conllevó la amortización de tres plazas de funcionarios. Eso conllevó desde ese momento que los dos juzgados de lo Contencioso que quedaban tenga una dotación de funcionarios insuficiente, porque son tres personas.
Así estamos muchos: Menores, que tiene bastante más trabajo que otros muchos órganos jurisdiccionales en Melilla, cuenta sólo con dos funcionarios, más una persona añadida.
-Parece haber dejado claro que esta Ley no era en absoluto necesaria ...
-Yo no sé si la Ley no era necesaria. Puedo estar de acuerdo, por lo menos en la teoría, de que el sistema anterior podía considerarse obsoleto, aunque no para todos los casos ni para todas las jurisdicciones.
Por ejemplo, la jurisdicción de menores y la vigilancia penitenciaria funcionan de forma extraordinaria en toda España, salvo casos muy puntuales. En Melilla los Juzgados de lo Penal están en una muy buena situación. Creo que no se debería haber tocado cosas que funcionaban.
El problema de los macroservicios es que muchas veces se pueden ver diluidas las responsabilidades propias de cada funcionario y cada persona. Aquí, que es una ciudad pequeña, todo eso se está intentando evitar y creo que se va a conseguir, pero en ciudades grandes lo veo muy complicado.
Lo que sí es seguro es que esto debería haberse hecho mucho más despacio, mucho más pensado y hablando mucho con los implicados reales, con los que estamos de verdad trabajando; eso no se ha hecho.
Esto se ha hecho con mucha prisa y con una falta absoluta de previsión real de lo que podía suceder.
