El presidente regional del Partido Popular, Juan José Imbroda, ha anunciado que el Gobierno de Melilla estudia distintas fórmulas legales para que los trabajadores de las ludotecas gestionadas por la empresa Alvalop puedan cobrar sus salarios directamente, ante la persistente negativa de la empresa adjudicataria a abonar las nóminas que adeuda a sus empleados. En paralelo, la Ciudad Autónoma ya ha solicitado por vía de urgencia al Consejo de Estado la rescisión del contrato con esta empresa.
En una rueda de prensa celebrada en la sede popular, Imbroda explicó que su Ejecutivo ha remitido dos escritos firmados por él mismo con carácter de urgencia, solicitando la rescisión del contrato de las dos ludotecas gestionadas por Alvalop, empresa que se habría quedado con tres mensualidades que estaban destinadas al pago de los trabajadores. "Nosotros abonamos la mensualidad para que se les pagara. Eran seis meses; han pagado tres y faltan tres", expuso el dirigente popular.
La gravedad de la situación ha obligado a activar mecanismos legales, aunque Imbroda subrayó que el proceso de rescisión no puede ejecutarse de manera inmediata. "La ley de contratos del Estado no permite romper unilateralmente un contrato sin seguir un procedimiento. Es una norma rigurosa, con muchas cautelas, y por eso hemos pedido al Consejo de Estado que tramite la rescisión por vía urgente", señaló. El plazo estimado, indicó, podría ser de “un mes, mes y medio”.
Mientras se resuelve el expediente de rescisión, el Gobierno local trabaja contrarreloj para que los trabajadores de Alvalop puedan percibir sus salarios cuanto antes. Imbroda explicó que el interventor de la Ciudad Autónoma ha recibido el encargo de estudiar la posibilidad legal de que la administración pague directamente a los empleados, sin pasar por la empresa. “Ya estamos dando muchas vueltas a ver de qué manera podemos coger los dineros y dárselos a ellos directamente”, afirmó. “Eso está ahora mismo en manos del estudio técnico del que tiene que decir sí, no, regular o lo contrario”, añadió.
Además de esta vía administrativa, el Ejecutivo local ha sondeado una solución financiera con aval público. “Les dijimos a los bancos que les dieran crédito, que lo avalábamos nosotros”. Según Imbroda, se están explorando “todas las fórmulas posibles” para evitar que los trabajadores sigan siendo víctimas del incumplimiento empresarial.
En su intervención, el presidente regional del PP fue muy crítico con Alvalop, a la que responsabilizó del deterioro de la situación laboral de los empleados de las ludotecas. Recordó que la empresa fue contratada durante el período de gestión de CpM y el PSOE al frente de la Ciudad Autónoma y que el nuevo Gobierno ya se la encontró operando en 2023. “No es el Gobierno popular el que la trae. Nosotros no tenemos nada que ver con esa empresa, ni la hemos traído, ni la conocemos”, remarcó.
Sin embargo, reconoció que ya se ha iniciado una investigación interna para conocer a fondo el perfil de la adjudicataria. “Ya los conocemos, porque evidentemente estamos investigando en Galicia quiénes son estos personajes y ya sabemos mucho más de quiénes son”, dijo.
Reveló además que Alvalop tiene su sede en Lalín, un municipio de la provincia de Pontevedra, y que el PP de Melilla no descarta desplazarse hasta allí para exponer públicamente el modo en que actúa esta empresa en la ciudad. “Ya sabemos quiénes son. Son de Galicia, de Lalín, un pueblo de Pontevedra. Y ahí hay una biografía y hay un antecedente. Posiblemente vayamos nosotros también allí a decir cómo funcionan en Melilla”, advirtió.
Imbroda también cargó contra los partidos de la oposición por, a su juicio, hacer demagogia con este asunto. Aseguró que no se pueden tomar decisiones “del minuto” y que propuestas como echar a la empresa de inmediato son irrealizables legalmente. “Saben que es mentira, que no se puede hacer, es falso”, declaró. Defendió que su Gobierno está actuando con seriedad y dentro del marco normativo. “Lo que conduce a algo es la gestión, es el estar trabajando para que esto no ocurra más”.
Finalmente, expresó su apoyo absoluto a los trabajadores afectados y subrayó que su situación preocupa profundamente al Ejecutivo. “Quede claro el apoyo total, total, a todos los trabajadores, y en especial a los que lo están sufriendo”, afirmó. “Nos duele lo mismo que a cualquiera que esté padeciendo un problema social”, añadió, asegurando que su Gobierno está comprometido en resolver esta crisis con rigor, responsabilidad y legalidad.
