El Real Decreto 666/2023, por el que se regula la prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de julio de 2023 y entró en vigor al día siguiente. Aunque su aprobación se produjo hace casi dos años, la norma ha adquirido una especial relevancia en los últimos meses debido a la aplicación efectiva de la Disposición Final Quinta, que establece que el contenido del artículo 39.1 es de obligado cumplimiento desde el pasado 2 de enero de 2025. Este punto ha reavivado la controversia en el sector veterinario, también en Melilla, donde los profesionales denuncian un aumento de la carga burocrática, una pérdida de autonomía clínica y un impacto directo en su trabajo diario.
El Real Decreto tiene como objetivo principal reforzar el control sobre el uso de medicamentos veterinarios, especialmente antibióticos, en línea con las estrategias europeas para combatir las resistencias antimicrobianas. Sin embargo, desde su entrada en vigor, numerosos veterinarios consideran que la norma se ha traducido en una desconfianza institucional hacia su criterio profesional y en una burocratización excesiva de la práctica clínica.
Estudio de Gosbi
En este contexto, un estudio impulsado por la empresa Gosbi, en colaboración con Dynata, ha puesto cifras a lo que define como una “crisis silenciosa” en la profesión veterinaria. El informe, elaborado a partir de encuestas a profesionales del sector, señala que el 73,2% de los veterinarios considera que la aplicación del Real Decreto 666/2023 se ha convertido en un factor clave de estrés laboral.
Según los datos del estudio, más del 90% de los veterinarios ha experimentado ansiedad relacionada con su trabajo, el 85% ha sufrido insomnio y seis de cada diez han presentado síntomas vinculados a la depresión. Además, un 11,8% reconoce haber tenido pensamientos suicidas o de autolesión en el último año relacionados directamente con su actividad profesional. En comparación con el estudio EDADES, que sitúa este tipo de pensamientos en un 2,2% de la población general, el riesgo entre los veterinarios sería 4,5 veces superior.
El informe también señala que casi el 94% de los profesionales ha sufrido agotamiento emocional y que más de la mitad lo experimenta de forma recurrente. A ello se suma la dificultad para conciliar la vida laboral y personal y la pérdida de motivación, un fenómeno que afecta a ocho de cada diez veterinarios encuestados.
Desde Gosbi explican que el objetivo del estudio es visibilizar esta situación y concienciar tanto a la sociedad como a las administraciones sobre la necesidad de apoyar a los profesionales veterinarios, no solo por su bienestar personal, sino también por el impacto directo que esta presión puede tener en la atención y el bienestar animal.
El decreto en Melilla
Más allá de los datos generales, en Melilla el Real Decreto 666/2023 ha supuesto un gran cambio en la forma de ejercer la veterinaria. Así lo explica Rafael Serrano Romero, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla, quien ofrece una valoración directa de cómo la norma ha afectado al trabajo diario en las clínicas de la ciudad.
“El Real Decreto nos obliga a informar de todos los medicamentos que administramos, especialmente los antibióticos, a través de una aplicación del Ministerio de Agricultura llamada Presvet”, señala Serrano. En esta plataforma, los veterinarios deben notificar cada tratamiento, especificando la especie animal, el fármaco utilizado y la dosis administrada.
El problema, explica, surge cuando la práctica clínica habitual no encaja con la rigidez de los prospectos y de la propia aplicación. “Hay medicamentos cuyos prospectos indican una dosis concreta para una especie determinada, pero en la práctica veterinaria ajustamos las dosis en función del peso o utilizamos fracciones del comprimido para tratar a otros animales. Todo eso dificulta el tratamiento”, afirma.
Según el presidente del Colegio Veterinario de Melilla, el decreto ha supuesto “un cambio importante en la forma de ejercer la veterinaria”, no solo por el control administrativo, sino también por la obligación de seguir una denominada “cascada de utilización” de antibióticos. Este sistema obliga a emplear determinados fármacos en un orden concreto, priorizando los considerados de mayor evidencia científica antes de poder recurrir a otros tratamientos.
“Al final, esto puede provocar que el animal sufra más, que aumente el coste del tratamiento y que el tutor tenga que acudir más veces a la clínica”, advierte Serrano. “Se incrementa el número de visitas, el tiempo dedicado a cada caso y, en consecuencia, todo el proceso se encarece”.
Desconfianza
Rafael Serrano reconoce que la aplicación del Real Decreto ha incrementado de forma notable la carga administrativa de los veterinarios. “Sobrecarga muchísimo el tiempo de trabajo que necesitas para atender a un solo animal”, explica. Aunque señala que los profesionales con más años de experiencia pueden tener una mayor capacidad de adaptación, admite que muchos veterinarios, especialmente los más jóvenes, viven esta situación con frustración y desazón.
“Hemos tenido que adaptar nuestros programas informáticos, registrar todos los tratamientos y asumir una burocracia tremenda”, indica. En su opinión, la norma transmite una clara falta de confianza en la formación y en la capacidad de los veterinarios. “Hemos cursado una carrera sanitaria y científica de seis años, como cualquier otro profesional sanitario, y ahora sentimos que se nos cuestiona constantemente”.
El presidente del Colegio Veterinario de Melilla también apunta a la incomprensión de parte de los clientes, que no siempre entienden las limitaciones legales a las que están sujetos los profesionales. “Intentamos explicar la situación cuando podemos, pero si detalláramos todo el proceso a cada cliente, muchos no lo entenderían”, reconoce.
En el caso concreto de Melilla, Serrano recuerda que la ciudad no aplica el IVA del 21% a los servicios veterinarios, sino el IPSI, con un tipo del 4%. No obstante, subraya que en el conjunto del Estado la consideración de estos servicios como un “lujo” agrava la percepción social y dificulta la relación con los tutores de animales.
Iniciativa Legislativa Popular
Ante esta situación, el sector veterinario ha comenzado a movilizarse. Gosbi ha impulsado una recogida de firmas para respaldar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca modificar la normativa vigente y devolver a los veterinarios la posibilidad de dispensar medicamentos directamente en sus clínicas, recuperando así parte de su libertad de prescripción.
Rafael Serrano valora positivamente esta iniciativa y recuerda que cuenta con el respaldo del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y de diversas plataformas profesionales. “Es una acción importante y necesaria”, afirma. A su juicio, las movilizaciones del colectivo han hecho que el Ministerio sea consciente de que la norma ha llevado la regulación “a extremos exagerados”.
Aunque el Real Decreto 666/2023 sigue vigente y plenamente aplicable, el debate continúa abierto. En Melilla, como en el resto del país, los veterinarios reclaman una revisión de la normativa que permita compatibilizar el control sanitario con el respeto al criterio clínico y a la realidad diaria de una profesión esencial, pero cada vez más tensionada.
