Un total de 803 menores migrantes no acompañados han sido trasladados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas desde que, en marzo del año pasado, entró en vigor la reforma de la ley de extranjería. El balance fue comunicado este martes por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, tras la celebración de una nueva Comisión Interministerial de Inmigración en Madrid. Entre ellos figuran varias decenas de jóvenes que estaban siendo acogidos en la ciudad.
La medida forma parte del nuevo sistema de reubicación de menores diseñado para responder a las situaciones de contingencia migratoria que viven territorios como Melilla. Gracias a la reforma legal, ahora existe un marco normativo que permite distribuir de manera obligatoria y coordinada a estos niños y adolescentes entre las diferentes comunidades autónomas, basándose en criterios como la capacidad de acogida, la población o los recursos disponibles.
De los 803 menores trasladados, 395 lo han sido gracias a la aplicación del artículo 35 de la nueva normativa. Este artículo establece por primera vez una fórmula de reparto automático desde los territorios más saturados hacia aquellos con menos presión. Además, otros 408 menores solicitantes de asilo han sido reubicados tras la orden del Tribunal Supremo que instó al Gobierno central a asumir su responsabilidad directa en estos casos.
El ministro Torres defendió que el proceso se está desarrollando "con una amplísima normalidad", pese a los obstáculos y a las críticas de la oposición, que ha llegado a recurrir la reforma ante el Tribunal Constitucional. "Esta modificación ha sido un hito importantísimo en la atención a estos niños", declaró, y subrayó que el número de menores trasladados en estos meses supera ampliamente el conseguido en "muchos años juntos" bajo el antiguo sistema, cuando los traslados dependían exclusivamente de la solidaridad voluntaria entre territorios.
En la reunión interministerial también se informó de que otros 28 menores solicitantes de protección internacional serán reubicados esta misma semana en centros ya operativos y en uno de nueva apertura. Las derivaciones se están llevando a cabo en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que colabora con el resto de carteras implicadas.
En el caso concreto de Melilla, ya se había producido un primer traslado de 21 menores en el segundo semestre de 2025, tal como informó El Faro de Melilla, con otros 15 expedientes pendientes en aquel momento. La ciudad autónoma continúa siendo uno de los territorios con mayor presión migratoria debido a su localización fronteriza y la llegada constante de menores, muchos de ellos en situación de extrema vulnerabilidad.
El Gobierno recuerda que, tras la reforma legal, las comunidades tienen un plazo de cuatro meses para ejecutar los traslados desde que remiten los expedientes al Ejecutivo central. Esto implica que, si se quiere cumplir con el plazo de un año para completar todo el proceso antes de marzo de 2026, como estipula la ley, los trámites debieron completarse en su mayoría antes de noviembre pasado.
Sin embargo, el cumplimiento del calendario no está garantizado. En Canarias, por ejemplo, donde actualmente hay unos 1.700 menores migrantes según datos del Ejecutivo autonómico, sólo se han recibido 536 expedientes hasta la fecha. El propio Torres admitió la complejidad de la tarea y se comprometió a “seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios y trabajar con absoluta colaboración con las comunidades autónomas”.
La Comisión Interministerial de Inmigración, en la que se analizan estos procesos, está integrada por los ministerios de Juventud e Infancia; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y el propio Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
El Gobierno insiste en que el objetivo es garantizar que todos los menores migrantes no acompañados sean acogidos en condiciones dignas, con atención especializada y en un entorno que facilite su integración. La reforma pretende evitar situaciones de hacinamiento o colapso en los dispositivos de acogida iniciales, como los que han venido sufriendo durante años Canarias, Ceuta y Melilla.
