La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha comenzado el año alzando la voz contra lo que considera una situación insostenible para los miles de militares de tropa y marinería que actualmente prestan servicio en las Fuerzas Armadas. En un comunicado difundido este 2 de enero, la organización ha hecho balance del ejercicio 2025 y ha fijado sus prioridades reivindicativas para 2026.
El tono del documento no deja lugar a dudas: ATME denuncia la “inacción institucional” del Gobierno y la “falta de transparencia” en la gestión de los fondos asignados a Defensa, especialmente en lo que se refiere a las retribuciones del personal militar.
Una de las principales críticas de la asociación se centra en los 679 millones de euros destinados al Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa, anunciados por el presidente del Gobierno para el año 2025.
Según ATME, una parte de esta inversión debía haber servido para fortalecer las nóminas del personal militar, sin embargo, el Ejecutivo no ha proporcionado detalles sobre el reparto real de estos fondos, lo que ha generado una gran desconfianza. La asociación lamenta que, pese a haber solicitado información, el Gobierno no haya facilitado cifras claras ni criterios sobre cómo se distribuyeron estos recursos públicos.
“Es preocupante que se manejen fondos de esta magnitud sin ningún tipo de transparencia. Los militares tienen derecho a saber cómo y en qué se invierte un dinero que, en teoría, debía servir para mejorar su situación laboral y profesional”, afirma la organización en su nota.
Este malestar se agrava tras lo sucedido el pasado mes de diciembre, cuando muchos militares denunciaron públicamente un “caos retributivo” provocado por un incentivo variable aprobado sin criterios objetivos y cuya asignación resultó desigual y confusa. Según publicó El Faro de Melilla, el problema se originó por un complemento no consolidado que generó diferencias entre miembros del mismo cuerpo y un notable malestar por la falta de comunicación sobre su aplicación.
Para ATME, este episodio es un reflejo de la política salarial actual, que consideran errática, arbitraria y sin una base justa.
Aunque reconocen que durante gobiernos socialistas se han producido las únicas subidas significativas en las nóminas, como los 200 euros brutos mensuales aprobados en 2025, subrayan que estas medidas son claramente insuficientes para resolver los problemas de fondo. La asociación insiste en que es imprescindible reformar el Reglamento de Retribuciones Militares para consolidar sueldos justos y eliminar los incentivos no permanentes que hoy se reparten sin transparencia.
ATME también advierte a los partidos políticos sobre el coste de ignorar al colectivo militar. Como ejemplo, señalan el rechazo del Partido Popular a modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales en la Asamblea de Extremadura, lo que impidió reservar plazas para militares retirados. Según su análisis, esta decisión habría influido en el resultado electoral en Cáceres, donde el PP se quedó a solo 200 votos de arrebatar un diputado al PSOE.
En este contexto, la asociación ha confirmado que no participará en los plenos ordinarios del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) mientras, según denuncian, siga siendo un órgano inmovilista que únicamente sirve para “blanquear” la gestión del Ministerio de Defensa. ATME rechaza lo que considera un “simulacro de diálogo” y se reafirma como la voz principal de denuncia de los problemas reales del colectivo.
De cara a 2026, la hoja de ruta de la organización incluye exigencias claras: la aprobación de una Ley Integral de la Carrera Militar, que elimine la temporalidad y reconozca la profesión como de riesgo; una actualización profunda del sistema retributivo; y la reforma de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, que consideran desfasada. Además, reclaman la mejora de los alojamientos logísticos, la eliminación de listas de espera y desahucios, la reserva de plazas en la Administración Pública y cuerpos civiles, y un aumento de las retribuciones para los reservistas de especial disponibilidad (RED) y veteranos.
En el ámbito autonómico y municipal, centrará sus esfuerzos en comunidades como Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde se prevén citas electorales. Allí exigirá la implementación de subvenciones específicas para favorecer la contratación de reservistas con carácter indefinido, una de las medidas que considera fundamentales para facilitar la reintegración laboral del personal que finaliza su vinculación con las Fuerzas Armadas.
“La clase política debe dejar de tratar a los militares como ciudadanos de segunda. No vamos a renunciar a nuestros derechos ni a permitir que se sigan tomando decisiones sin contar con nosotros”, concluye ATME.
Con esta postura firme y un tono abiertamente crítico, la asociación se consolida como el principal altavoz del malestar existente entre los miembros de tropa y marinería, un colectivo que sigue esperando que sus demandas históricas sean finalmente atendidas.
